Es una percepción generalizada que hasta 1988 las elecciones eran organizadas por funcionarios designados por el propio gobierno y que el presidente decidía en qué momento se daban a conocer los resultados o debían ocultarse, dado que las urnas y conteos de votos eran responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que era juez y parte.

El modelo de elecciones en México logró ciudadanizar a las instituciones electorales, porque más allá de la imparcialidad a la que estamos obligados los consejeros de lo que hoy es el INE, la institución en su conjunto tiene un engranaje lleno de candados de confianza, una lógica colegiada y rutinas técnicas para garantizar que la fortaleza de las contiendas no dependan de gobiernos o partidos, sino de ciudadanas y ciudadanos.

El INE cuenta con un aparato profesional que despliega un trabajo especializado en todo el país, y esa labor permite que millones de mexicanas y mexicanos podamos salir en libertad a votar en casillas cercanas a nuestro domicilio, que cada una de esas casillas sea instalada y atendida no por funcionarios del instituto, sino por personas comunes, sorteadas, por la ciudadanía que acepta participar.

Son nuestros propios vecinos quienes se desempeñan como funcionarios de casilla y ese encargo se define de manera imparcial, no por designaciones gubernamentales o de partidos, tampoco por consejeros del INE, es a través de un sorteo del que parte la tarea de localizar y capacitar a quienes van a recibir, contar y defender cada voto. El trabajo técnico para soportar ese modelo de elecciones ciudadanas requiere de una institución profesional y de recursos específicos para cumplir cada una de las actividades encomendadas.

El domingo 1° de julio del 2018 se disputaron en las urnas 18,299 cargos electivos, sumando las contiendas federales y locales que, por primera vez, coexistieron con estándares técnicos de organización electoral homogéneos. Se instalaron 156,792 casillas que abrieron el domingo 1° de julio (99.99% de las previstas) y fue necesario reclutar a 908,301 personas responsables de atenderlas.

Hace un año acudimos a las urnas 56 millones de mexicanas y mexicanos para ejercer el derecho al voto y renovar, en conjunto, 18,299 cargos electivos a nivel nacional. Nuestro modelo de democracia es ciudadano y sigue acreditando su fortaleza para hacer valer la voluntad general con el principio de: Un elector es igual a un sólo voto, y todos tienen el mismo valor, sin importar si proviene de hombres o mujeres, de jóvenes o adultos mayores, de ricos o pobres.

Es un absurdo descalificar a las autoridades electorales o endilgarles una vocación al fraude precisamente porque la institucionalidad democrática no hace fraudes, es ciudadana y cuenta bien los votos, sea para quien sea. La memoria es clave para ponderar que sería suicida minar a las instituciones comiciales o pretender acotarlas o convertirlas en extensión de un proyecto político, sea cual sea. Eso va más allá de políticas de austeridad que siempre son atendibles, el tema de fondo es no socavar el modelo ciudadano y en eso creo que todos debiéramos estar de acuerdo.

Reducir sin razón los recursos para que cumpla sus delicadas actividades atenta contra su eficacia y su autonomía. 

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada

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