Una parte importante de la clase política -por ende, de la población que la escucha- asocia el término de grandes contribuyentes como sinónimo de evasores o acaparadores de riqueza. No hace mucho tiempo, mientras se discutía la reforma a la consolidación fiscal, el senador Ricardo Monreal se refería a las empresas importantes como los barones del dinero , a quienes sólo les interesa generar ganancias.

Este descalificativo sintetiza, paradójicamente, el objeto al que están llamadas las grandes empresas: la creación de utilidades.

El que los grandes contribuyentes produzcan recursos de manera significativa es un objetivo muy claro, al menos, para el fisco federal. En términos del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen esta característica las instituciones bancarias y financieras, las empresas que consolidan fiscalmente, las que obtengan ingresos superiores a 500 millones de pesos anualmente, las que coticen en la Bolsa, las empresas extranjeras con operaciones en el país, Pemex, CFE, IMSS y los poderes federales. Para estos contribuyentes, el SAT ha conformado, desde hace algunos años, un área especial que concentra a la élite de los funcionarios fiscales.

Para la clase política, la relevancia de este sector contribuyente ha sido subestimada, ya sea por ignorancia o por malicia (o por ambas, como el caso del legislador petista), con el fin de justificar incrementos impositivos, pasando por alto no sólo su real potencial recaudador en el ISR y el IVA, así como en la aportación de la inmensa mayoría de derechos que cobra el Estado por el uso o aprovechamiento de bienes y servicios públicos (como en el caso de concesiones), sino porque adicionalmente este grupo de contribuyentes tiene otro rol fundamental que es el de crear y sostener millones de empleos, tarea que tiene un aspecto fiscal básico, que es el de producir tanto el salario como el correspondiente impuesto que se retiene y entera al fisco.

De ahí que existan regímenes especiales alrededor de este tipo de empresas como la exención en la Bolsa por venta de acciones o la consolidación fiscal, que reconoce una unidad económica en el conglomerado bajo el mismo control y que constituyen regímenes que existen en decenas de países con los que competimos en el mercado global y que están destinados a promover la inversión pública en el capital de estas empresas.

Una empresa catalogada como grande contribuyente implica un complejo entramado en el que confluyen miles de accionistas –si es empresa pública- y miles de trabajadores, lo cual se multiplica por cientos, si esta sociedad, como sucede con frecuencia, es parte de un grupo multinacional que opera en diversos países.

El sostener, como lo hicieron legisladores opositores al gobierno y el gobierno mismo, que las grandes empresas son evasoras –sin sancionar legalmente a quienes defrauden al fisco- con el fin de secar fiscalmente sus utilidades, no sólo constituye una política pública equivocada, sino, francamente, muy riesgosa.

A quienes ven la riqueza privada como un pecado, más debería preocuparles la ineficiencia y corrupción de las grandes empresas estatales. Pemex, por citar algún ejemplo.