Los congresistas son personas mayores a las que no les preocupa los efectos del cambio climático

Estados Unidos es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI), por lo que su participación en la lucha contra el cambio climático es fundamental.

Sin embargo, Estados Unidos es quizá el único país desarrollado en el que sus partidos políticos no comparten unánimemente el consenso de la comunidad científica. Mientras la mayoría de los demócratas considera que el calentamiento global es provocado por la actividad humana, algunos sectores del Partido Republicano discrepan al punto de negar incluso su existencia.

Estas diferencias han impedido la adopción de una estrategia nacional de largo alcance. A nivel federal, la administración actual no sólo retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, sino que también se embarcaron en un proceso de desregulación en materia ambiental.

En contraste, los esfuerzos de mitigación y adaptación continúan, sólo que ahora en el ámbito de los estados, las ciudades y el sector privado. Se estima que, aun sin la ayuda del gobierno federal, las medidas tomadas por estos actores podrían llevar a Estados Unidos a cumplir con dos terceras partes de su compromiso de reducir sus emisiones de GEI, entre 26 y 28% por debajo de los niveles observados en el 2005 para el 2025.

Aunque positiva, la acción individual de estados, ciudades y empresas no es lo más eficiente. Esto se debe a que cada agente tiene su propia valoración del costo de emitir GEI, lo que genera dos inconvenientes. Uno es “el problema del polizón”, que ocurre cuando algunos agentes se benefician de las políticas ambientales de otros sin compartir el costo. Otro inconveniente es “la fuga de carbono”, que surge cuando los contaminadores deciden moverse a lugares con regulaciones más laxas. En consecuencia, las emisiones netas de GEI podrían no disminuir o, incluso, aumentar. De ahí que una política nacional sea necesaria para evitar que esto ocurra. Pero, ¿qué posibilidades hay de ello?

Las encuestas más recientes sugieren un punto de inflexión en la opinión pública. Según la casa encuestadora Gallup, por primera vez desde el 2001, la mayoría de los estadounidenses mayores de 18 años está muy preocupado por el calentamiento global y consideran que este tendrá repercusiones serias a lo largo de sus vidas. La intranquilidad es mucho mayor entre los jóvenes que entre sus mayores.

La diferencia generacional en la percepción del riesgo no es trivial considerando que la edad promedio de los congresistas es de 57 años en la Cámara de Representantes y de 69 años en el Senado, mientras que la edad media de los estadounidenses es de 38 años. En otras palabras, la generación menos preocupada por el cambio climático es, actualmente, la responsable de hacer las leyes para combatirlo.

No obstante, en la medida en que los fenómenos climáticos extremos sigan impactando a un número creciente de personas, y que las nuevas generaciones vayan engrosando las listas de votantes, el cambio climático se perfila como uno de los temas más importantes de la agenda electoral estadounidense en los próximos años.

Existen algunos esbozos de lo que pudieran ser las propuestas de cada partido. Por el lado Demócrata está el Green New Deal, un llamamiento a la movilización que coloca la lucha contra el cambio climático en el centro de una agenda social más amplia que incluye temas como la desigualdad del ingreso, la discriminación, el acceso a la sanidad, así como el desempleo.

En el bando republicano está el Carbon Dividend, que, si bien no goza de un consenso amplio al interior del partido, es al día de hoy la propuesta mejor elaborada. Se trata de un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, cuyos ingresos se distribuirían directamente entre las familias.

El que ambos partidos asuman la causa del cambio climático es encomiable; sin embargo, el tiempo apremia. De tal manera que, para convencer a un mayor número de votantes, los partidos tendrán que hacer hincapié no sólo en los riesgos, sino en las oportunidades que se avecinan, como el surgimiento de nuevas industrias, la creación de empleo, el acceso a energía barata, mejor calidad de bienes públicos, etc. Las propuestas que mejor logren comunicar los riesgos y las oportunidades tendrán mayores probabilidades de ser aceptadas.

Economista principal de BBVA Research en Estados Unidos.