La embestida contra el presupuesto de los 26 centros públicos de investigación arrancó bajo el mismo apriorismo visceral típico del actual gobierno...

En nuestra entrega pasada, hicimos referencia al hambre de recursos que muestra el gobierno de la Cuarta Transformación. Así, en los empeños de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador por hacerse de fondos mediante el mecanismo de los recortes presupuestales, se puso en la mira a los 26 centros públicos de investigación, que tienen como organismo cúpula al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La embestida contra el presupuesto de los 26 centros públicos de investigación arrancó bajo el mismo apriorismo visceral con el que ha venido actuando el actual gobierno de la Cuarta Transformación. Sin ningún estudio de apoyo, ni evaluación previa. Así, fue tal vez por esa falta de evaluación previa en razón, quizá, del desprecio que se tiene por todo lo que huela a tecnocracia, que nunca se anticipó una defensa organizada por parte de los afectados. De esa forma, tras una catarata de protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar marcha atrás a la iniciativa para recortar 75% de las partidas con las que se financia el gasto operativo de los centros públicos de investigación, lo cual les habría sido letal.

Y a la amenaza de recorte presupuestal habría que agregar el daño reputacional infligido. En tal sentido, en una de sus conferencias mañaneras López Obrador “cuestionó la calidad moral de los miembros de la comunidad científica que se oponen públicamente a los recortes y los tildó de porfiristas por su presunta búsqueda de mantener privilegios”.

Pero el episodio no terminó en lo anterior. Se ha mantenido la amenaza con respecto a la extinción de un conjunto de fideicomisos que forman parte de los centros públicos de investigación. Según un funcionario de ese sistema, son “el único instrumento con el que cuentan los centros para fortalecer su infraestructura”.

En defensa de esos fideicomisos ya se publicó una carta de protesta suscrita por más de 3,000 científicos y académicos, además de rondas de cabildeo con las autoridades federales de cuya opinión depende que se subsistan los fideicomisos de marras. El asunto sigue en el aire, aunque ya varios congresistas de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Presupuesto y Cuenta Pública se han mostrado receptivos a favor de la permanencia de los fideicomisos. Su subsistencia sería un éxito para todos los que han defendido a los centros públicos de investigación, a pesar del estigma que los perseguirá por tratarse de “porfiristas” buscadores de “privilegios”.

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico