Elección en riesgo

La situación de inseguridad en el país se agrava día con día y se recrudece a partir de una elección tan grande como la que tendremos el 2 de junio. Las estrategias de combate a la delincuencia organizada, que en el pasado dieron resultados cuestionables desde el punto de vista de un control eficiente de estos grupos armados, fueron sustituidas por un intento de convivencia entre la autoridad y los criminales.

Obviamente, esta opción de administrar la actividad ilegal de los grupos violentos no dio resultado. La inexistencia de un acuerdo de convivencia entre las diferentes organizaciones delictivas dio como resultado el incremento de la lucha entre cárteles por el control de territorios, y esto frente a una Guardia Nacional obligada a guardar sus armas para combatir a los malosos. La expansión territorial del crimen organizado ha sido incontenible y se ubica en una gran parte del territorio nacional.

Es por esto que no hay posibilidad alguna que el narcotráfico y sus ramificaciones se queden fuera de la contienda electoral de junio. Desde presidencias municipales y diputaciones locales, hasta gubernaturas y el propio Congreso Federal, todas y cada una de las posiciones en disputa representan un objetivo por parte de un crimen organizado al cual no se le ha puesto límite alguno en los últimos años.

Es esta la encrucijada que tiene la autoridad electoral. Tanto el INE como el Tribunal Electoral se enfrentan al dilema de organizar las casillas electorales en lugares donde los delincuentes imponen su ley, y al mismo tiempo garantizar la seguridad de sus empleados y eventualmente de los ciudadanos responsables de operar la elección el 2 de junio. La amenaza de estos criminales va desde el asesinato de candidatos no funcionales para sus negocios, hasta el posicionamiento de personas capaces de representar sus intereses ilegítimos en las distintas posiciones políticas a disputar.

El magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata planteó la posibilidad de una elección anulada por violencia durante el día de los comicios, o por violencia generalizada durante las campañas. Esto que aparece como una advertencia que habría que tomar con seriedad, no es una prioridad para el gobierno federal que parece sentirse cómodo con la situación y que insiste en negar la gravedad del tema.

Como en otros aspectos donde se hace caso omiso del peligro que representa ignorar la realidad, (por ejemplo la deuda de Pemex) la intervención del crimen organizado será un factor determinante tanto para el resultado electoral, como para el diseño del país en los próximos años.