Si México invirtiera 7% de su PIB en infraestructura durante una década, podría mejorar hasta 30 lugares ?en los rankings internacionales de competitividad.

Felipe Calderón prometió ser el presidente del empleo, pero se empeñó en comunicar su combate al crimen organizado. En el futuro, el juicio a su administración se completará con otros temas. Uno de los más importantes es el trabajo en infraestructura.

Nunca en la historia de México se habían dedicado tantos recursos a ese rubro: 234,000 millones de dólares, equivalentes a 4.6% del PIB.

La cifra es 30% superior a la ejercida en el sexenio de Vicente Fox y también es mayor al promedio de la OCDE: 3.5% del PIB. Es excelente, si pensamos en nuestra historia moderna. Insuficiente para abatir los déficit que lastran a los dos Méxicos: el moderno, que requiere dar grandes saltos en competitividad, y el de los rezagos, que necesita ofrecer más oportunidades a 55 millones de personas que viven en condiciones de pobreza.

La infraestructura es, literal y metafóricamente, el puente que une presente y futuro. Producen una derrama económica en el momento de su ejecución: crean empleo, movilizan gente y desarrollan cadenas de proveedores. Hacia adelante, dan forma al ambiente donde vivirá y trabajará la siguiente generación , en palabras de Norman Anderson. Las inversiones que se hacen hoy definen el futuro.

El próximo sexenio tendrá mayor inversión en infraestructura. Esto es algo que repite el equipo cercano a Enrique Peña Nieto, en donde se perfila Gerardo Ruiz Esparza como titular de la SCT. Las condiciones están dadas para dar otro brinco : en primer lugar, el nuevo marco legal, donde destaca la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Esta administración hizo la siembra de la semilla, pero los primeros resultados le tocará cosecharlos al próximo gobierno.

México invirtió 4.8% del PIB en infraestructura en el 2011 y 5.0% en el 2012. Si logrará sostener una inversión de 6 a 7% durante una década, podría mejorar hasta 30 lugares en las clasificaciones internacionales de competitividad. Pasaríamos del lugar 58 de ahora, hasta uno de los 30 primeros del mundo.

Hay condiciones y recursos para hacerlo. Además de los cambios legales mencionados arriba, tenemos los recursos del sistema de pensiones. Son más de 110,000 millones de dólares y llegarán a fines del próximo sexenio a superar la barrera simbólica de los 150,000 millones de dólares. Las siefores no tienen suficientes alternativas para invertir, decía el informe del Grupo de Economistas Asociados reseñado esta misma semana en El Economista. Ya tienen los CKDs, que permiten invertir en infraestructura a través de la Bolsa Mexicana. Falta poner en el escenario el plan nacional de infraestructura del gobierno que tomará posesión en diciembre próximo.

Están en el aire algunos proyectos muy interesantes: un tren rápido de México a Querétaro y el desarrollo portuario de Punta Colonet, por citar sólo dos de ellos. ¿Cómo se repartirá la bonanza constructora del próximo sexenio? Entre los constructores mexicanos hay temor de que grupos españoles se queden con la tajada del león. Su temor es fundado, dada la presencia creciente de los ibéricos en nuestro país. ¿Es posible hacer compatible la búsqueda de la máxima competencia en los concursos de obra pública y una estrategia de desarrollo de campeones nacionales? Ése es el dilema. Tocará al próximo Ejecutivo federal resolverlo.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx