Ninguna política contra la pobreza podrá tener éxito sin un diagnóstico adecuado sobre sus orígenes y causas. Y esto no es sencillo, y menos, asumirlas y confrontarlas con eficacia. La pobreza y la desigualdad en México tienen raíces históricas ancestrales, que se relacionan con la estructuración desde tiempos coloniales, de una sociedad dual con grandes diferencias culturales, de acceso a oportunidades, y en su distribución geográfica o territorial, así como de concentración de riqueza y poder político. Es preciso identificar entre ellas diversas instituciones (entendidas como normas o reglas del juego, visiones del mundo, e incentivos y patrones de conducta individual, social, económica y política, y tipos de derechos de propiedad) tanto de origen prehispánico como colonial. También, es preciso señalar al caos, polarización, guerras intestinas, agresiones externas, y debilidad extrema en el Estado de Derecho que durante el siglo XIX se asociaron a un enorme rezago económico de nuestro país en esa época, lo cual generó una enorme divergencia con el desempeño económico de nuestro vecino del norte. Distintas élites consolidaron su poder y posición dominante en la sociedad del México independiente, tanto en las ciudades como en grandes propiedades rurales, en un marco de instituciones no inclusivas e improductivas.

El correlato fue una considerable mayoría de población campesina que se mantuvo dispersa y aislada en situación de exclusión, sin derechos de propiedad adecuados sobre la tierra y sus recursos, en condiciones de explotación, y en un contexto de muy baja productividad y por tanto de pobreza extendida. Las Leyes de Reforma, la República Restaurada y el Régimen Porfiriano intentaron, sin mayor éxito, transformar a las comunidades indígenas en una clase próspera de propietarios rurales capaces de ejercer ciudadanía plena. Sin embargo, no fueron capaces de romper una estructura de propiedad de la tierra altamente concentrada. Al cierre del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX, se logró crear en paralelo una clase media urbana incipiente integrada al comercio y a una industrialización en ciernes, apoyada en nuevas vías de comunicación y en una economía vinculada ya a mercados internacionales. Al triunfo de la Revolución se procedió a un reparto generalizado de latifundios y tierras públicas, no individualizado, sino en un formato de colectivización a través de ejidos y comunidades y nuevos centros de población bajo supervisión y control del Estado.

Se exacerbaron la dispersión y el aislamiento de grupos campesinos en tierras por lo general de baja productividad y accesibilidad, y ecológicamente muy frágiles, lo que aseguró el arraigo y transmisión intergeneracional de la pobreza, particularmente en ciertos estados y regiones, y también la deforestación y destrucción de ecosistemas naturales, bosques, selvas y desiertos. Ello ocurrió mientras se generaba una intensa corriente de migración del campo a las ciudades, que permitió la urbanización del país y la multiplicación de las clases medias urbanas de nuevo asociadas a un considerable despegue industrial y del sector servicios. Todo ello, catalizado por la Segunda Guerra Mundial, exportaciones muy dinámicas de bienes agropecuarios, y una rápida sustitución de importaciones. Las nuevas clases medias, y una nueva clase empresarial se conjugaron con las familias históricamente privilegiadas, y con grupos adscritos a los sucesivos gobiernos posrevolucionarios. La UNAM, el IPN y universidades privadas como el ITESM ofrecieron educación superior de calidad a grandes masas de población, lo que permitió una notable movilidad social y el engrosamiento de las élites. Un crecimiento económico sostenido y acelerado generó ingresos y riqueza que elevaron considerablemente el bienestar social de una parte importante de la población, y permitió una creciente recaudación fiscal que, no obstante problemas endémicos de corrupción, hizo posibles importantes inversiones en infraestructura, educación, salud y muchos otros bienes públicos. Desafortunadamente, si bien la población rural se redujo en términos relativos a lo largo del siglo XX y hasta la década de los 90, continuó aumentando en términos absolutos con tasas de fecundidad persistentemente altas hasta fines de los años 70 del siglo XX, cuando empezaron a sentirse los efectos de las políticas demográficas de la época. Dadas sus condiciones de dispersión, aislamiento, e improductividad, la pobreza extrema no fue abatida de manera apreciable, y se mantuvo como incubadora permanente de desigualdad, en particular en estados del sur y sureste del país, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y Veracruz, y zonas serranas, principalmente en el oriente del país. No debe olvidarse que urbanización, mayor productividad y mayores ingresos, desarrollo, reducción de la pobreza, y reversión del proceso de deforestación son una fórmula indisoluble, según lo muestra abrumadora evidencia nacional e internacional. Todos los países y regiones ricas y desarrolladas del mundo están plenamente urbanizados. (Continuará)

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.