El nombre de cada quien es el recuerdo diario de una sentencia. Autores lo han señalado. García Lorca, Whitman y otros. Martí Batres se llama así porque sus padres decidieron que cargara con el nombre de José Martí. Pero no le pusieron José. Le pusieron Martí. A su hermana Lenia le pusieron Lenia por Lenin. Y a Valentina le pusieron ese nombre para sacar su valentía. Es decir, los sentenciaron todos los días a ser o tratar de ser el nombre que les endilgaron.

Puedo imaginar a sus padres, como los que hemos tenido la suerte de haberlo sido, orgullosos del destino manifiesto que les encargaron. No se imaginaron, tal vez, que la demanda era alta y difícil de cumplir en el contexto de un capitalismo que se niega a morir y en el cual no tendrán la menor oportunidad de cumplir su designio.

Tener hijos no es hacer la revolución. Ponerles nombres no la sugiere, no la cumple y no la promueve. Sólo genera, como es el caso de los tres hermanos, una frustración ante los hechos indiscutibles.

Ya hemos visto como Martí se estrella con puertas de vidrio, lo que nos recuerda su falta de visión ante lo evidente. En busca de la Historia, la Batres Valentina, esta semana, propuso una ley absurda, clientelar, electorera y sin ningún beneficio para nadie en las Cámara de Diputados de la CDMX. Debajo de la cobertura sensible de la pandemia, promovió una ley que modificaría los contratos inmobiliarios con efectos retroactivos.

La ley y sus modificaciones en el Código Civil proponen contratos que como mínimo duren 3 años. Qué si hay un evento de fuerza mayor, como la pandemia, se renegocien los términos del contrato y que no pueda ningún dueño de inmueble correr a sus inquilinos. A pesar de que esa previsión ya se encuentra en el Código Civil.

Las tres cosas tienen serios problemas legales. Cambiar contratos con efecto retroactivo está prohibido por la Constitución. El principio general de derecho es incontestable: las partes acuerdan sus contratos y la voluntad de las partes es el centro de lo que las partes acuerden. Que una ley venga a subvertir ese principio necesitaría de una revisión de la Suprema Corte sin duda.

Ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de nadie, así que si esta ley afecta a alguien sería anticonstitucional. Así de fácil y así de concreto.

Finalmente, como ya se ha dicho, el Código Civil prevé que ante un evento de catástrofe las partes pueden renegociar las condiciones de su contrato. Entonces, ¿para qué esta ley?

Pues yo creo que a los Batres les urge dar resultados en la casa de sus padres y mostrar que, aunque con pocos conocimientos jurídicos, pueden cambiar algo. Darle nombre a los hijos no es lo mismo que educarlos. Y, ciertamente, los nombres no lo son todo. Porque primero está la legalidad y las instituciones. Ni modo.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.