El gobierno y el nuevo Pemex. Apenas empieza el siglo XXI

55 empresas públicas, también llamadas paraestatales, forman parte de nuestro gobierno. Dentro de ellas, Pemex es sin duda la más grande. En toda América Latina y el Caribe, sólo Argentina y Venezuela tienen más paraestatales (56 y 552, respectivamente) y algunos países muestran números similares como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú (alrededor de 25). En la región, 75% del total de paraestatales se concentran en el sector de petróleo y gas y las que generan electricidad suman otro 15%. Puede decirse que las empresas públicas dedicadas a la producción de energía representan el 90% del total en América Latina. Por todos lados existen empresas públicas, total o parcialmente bajo el control y propiedad del gobierno, en el sector energía. Por eso seguir discutiendo sobre pros y contras de una privatización es pérdida de tiempo. Lo que tenemos que discutir es cómo construir una mejor fórmula de entendimiento entre el gobierno y Pemex.

Pemex provee insumos y subsidios clave al sector privado, pero puede hacerlo de una manera más transparente y a partir de una mejor administración. La clave no está en que Pemex “se abra” al sector privado o que deje al sector privado ayudarle a hacer sus tareas. A lo largo de su historia ha tenido proveedores, contratistas, y un largo etcétera en el sector privado. Se pensó que quizá Pemex podría mejorar al adoptar medidas de gobierno corporativo propias de la iniciativa privada. A la fecha, los resultados han sido decepcionantes. El gobierno y Pemex tienen que encontrar la manera más eficiente de gobierno para hacer posible el nuevo Pemex que está por construirse.

Pemex es un caso poco común porque no convive con otras empresas públicas o privadas, es un monopolio estatal prácticamente absoluto. En los setenta se introdujo la figura de “cabezas de sector” por la cual la Secretaría de Energía sería quien integrara a las paraestatales lo cual también tuvo sus problemas. El presente temor de que Pemex se vuelva o sea ya el problema más importante para el próximo sexenio deriva de una lectura sesgada de su desempeño. A Pemex se le sigue prácticamente a diario y se hablan de sus resultados casi en tiempo real, pero ¿quiénes o cómo se le monitorea en cuanto a sus metas de largo plazo?

El cambio de paradigma actual, de un Pemex extractor y exportador de crudo a un Pemex industrial y verde requiere repensar su gobierno. Y no se trata de recrear su estructura, modificar leyes que requieran mayorías en la opinión pública o el congreso sino de un compromiso político al más alto nivel y de un consenso en torno a él generosamente amplio. A Pemex se le debe de dar espacio en el mediano y largo plazo y no debe de evaluársele por sus resultados diarios, semanales o mensuales. La excesiva orientación a la exploración, producción y exportación de petróleo crudo ha opacado muchos otros indicadores cruciales, vinculados a la refinación y a la petroquímica, por mencionar un par. El nuevo Pemex deberá de construir sus metas en torno a lo que quiere lograr en su Plan de Sustentabilidad presentado recientemente, es decir, cómo se va a volver una empresa verdaderamente verde que descarbonice su operación y al sector energético en el largo plazo.

El gobierno del nuevo Pemex tendrá que cambiar una inercia de décadas que hizo medir su éxito o fracaso de acuerdo con la cantidad de barriles de crudo producidos y su costo y no las toneladas de carbono liberadas al ambiente. Los impuestos ambientales y no el cobro de derechos por ser el petróleo un bien de la nación deberá de desarrollarse muchísimo más para que se conviertan en una de las principales aportaciones de Pemex a la hacienda pública y el principal motor de incentivos para el cambio de modelo de negocios que viene y que proyecta, al menos al consultar todo lo dicho en el presente gobierno. Lo anterior no implica la desaparición de los actuales mecanismos fiscales para captar la renta petrolera o bien, las regalías que obtiene por tener la propiedad y el control de la producción y exportación de petróleo. En el corto y mediano plazos desde luego que seguirá recibiendo una “renta” por dichas actividades, pero ya no será el principal mecanismo de aporte de Pemex al financiamiento del presupuesto anual, sino un mecanismo adicional que garantice su viabilidad futura.

De alguna manera, el plantear dejar de captar ingresos por exportación es volver al origen y al papel tradicional de Pemex en su rol como promotor del crecimiento y desarrollo nacionales. Pero también es dotar a Pemex de una misión que la haga trascender de su papel como dotación de flujo financiero, sustituidor de impuestos y apalancamiento de deuda. En la nueva era el gobierno de Pemex deberá orientarse al monitoreo de objetivos de largo plazo que combinen sus indicadores como empresa y que denoten su posición sostenible y sustentable, tanto financiera como programáticamente. En lo estrictamente fiscal, Pemex debería idealmente de escapar de un presupuesto anual con avances mensuales para enfocarse en el mediano y largo plazos.

*Profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.

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