En su libro llamado La ironía de la libertad de expresión, Owen Fiss plantea la necesidad de reconsiderar quienes son en realidad los nuevos enemigos de la libertad de expresión. En términos de Fiss es necesario que, frente a la inmensa concentración de poder de los nuevos actores mediáticos-tecnológicos, el Estado pudiera ser un aliado de la libertad de expresión que permita contrarrestar las fuerzas que la menoscaben.

El camino histórico democrático en materia de libertad de expresión ha sido amplio. No sólo se ha planteado a ésta como un freno al poder estatal o como una libertad que potencia el pensamiento humano sino también como una libertad a la cual hay que darle un sentido de preferencia y prevalencia en algunas ocasiones sobre otros derechos. La libertad de expresión, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la piedra angular del sistema democrático.

Dicha libertad no es absoluta, por lo que en todos los sistemas democráticos es susceptible del establecimiento de limitaciones las cuales se encuentran enmarcadas bajo el sistema de responsabilidades ulteriores y nunca de censura previa. Para el establecimiento de estas limitaciones todo Estado que se llame democrático, deberá someter a las mismas a un examen de viabilidad mejor conocido como el test tripartito en donde es necesario que la limitación sea clara y precisa en la ley y donde se persigan objetivos legítimos y proporcionales en torno a la misma democracia.

Hace unos días el senador Monreal propuso una iniciativa que tiene como finalidad regular las redes sociales. Dicha iniciativa ha causado polémica en torno al efecto que pueda tener en la libertad de expresión y desde luego ha preocupado que el régimen instaurado hace un par de años, nuevamente pretenda dar un paso adicional en el menoscabo de nuestra consagrada libertad.

No podemos desconocer que el punto de partida tendría que ser el preguntarnos si internet y las redes sociales son un espacio abierto, exento de las limitaciones de la libertad de expresión y si el Estado debería someterlos a procesos de regulación. Claramente internet ha sido concebido para el libre flujo de la comunicación, pero no ha quedado exento de la aplicación de limitaciones. En ese sentido en diversas partes del mundo afloran casos en donde ese libre flujo ha sido limitado por la vida privada, el orden público, el impedimento de los discursos de odio que incitan a la violencia y la pornografía infantil. 

La iniciativa pretende obligar a las llamadas redes sociales a dar claridad sobre los procesos en los cuales nuestras voces pueden ser calladas en el debate público que se genera en dichas comunidades virtuales. Desafortunadamente dicha iniciativa no brinda claridad en lo básico pues de entrada su definición de red social es vaga, amplia y poco clara y por si fuera poco entender la relevancia por el número de suscriptores a dicha red, evidencia el profundo desconocimiento en la materia. Adicionalmente la burocratización de las autorizaciones sólo propiciará la obstaculización del libre flujo de información que por ejemplo ordena el T-MEC al Estado Mexicano. No podemos dejar de preguntarnos si el Instituto Federal de Telecomunicaciones en realidad debe convertirse en el gran censor de contenidos.

Es de preocupar la inclusión de las noticias falsas en la iniciativa. Esperemos que venga pronto la aclaración que se refiere a la autoridad pues claramente los ciudadanos estamos cansados de la vulneración sistemática a nuestro derecho a la información por parte del titular del Ejecutivo y su cotidiano uso de la mentira como forma de comunicación. De dejarse abierto este tema de las llamadas noticias falsas, estamos ante un claro y manifiesto ejercicio de censura por parte del Estado que buscará potenciar a la autoridad mentirosa y callar a los ciudadanos que pueda disentir a través de la opinión. Este es otro gran y grave error de la iniciativa que impacta directamente en la vaguedad y falta de claridad de su contenido que se adiciona a las sanciones desproporcionadas que contempla la iniciativa y que claramente constituye un efecto de censura velada.

En el mundo ya hay ejemplos muy ilustrativos sobre potenciar la autorregulación de esta industria comunicativa o bien sobre saber coordinar la misma con una intervención del Estado en donde se preserve un sano ejercicio de la libertad de expresión. Sería oportuno que el senador echara una mirada más allá de algunas sesgadas referencias nacionales.  Esperemos mientras tanto que la cordura democrática se imponga y no colaboremos con la construcción, cada vez más acelerada, de un régimen autoritario.

*Guillermo A. Tenorio Cueto es Doctor en Derecho. Actualmente es director de la Licenciatura en Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es integrantes del Sistema Nacional del investigadores de México. Preside la Asociación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información. Autor, coautor y coordinador de 15 libros en materia de libertades informativas.