Como paradigma del desarrollo, la Economía del Bienestar echó raíces a inicios del Siglo XX, a partir de las contribuciones de Arthur Cecil Pigou, economista neoclásico, alumno de Arthur Marshall y rival de John Maynard Keynes en debates sobre economía pública y la función del Estado.

La economía de mercado, sostenía Pigou, podía producir externalidades que son ventajas o inconveniencias que surgen cuando una decisión de consumir o producir genera ciertas incidencias positivas o negativas en el entorno y las personas.

Tales externalidades podían corregirse mediante el uso de diversas figuras tributarias, tales como impuestos -ahora conocidos como “impuestos Pigouvianos”- y también mediante el otorgamiento de subsidios. Su uso, que ameritaba examinar con cuidado cada caso, podía contribuir a distribuir mejor el Dividendo Nacional y a potenciar el bienestar social, según consta en su obra The Economics of Welfare de 1929.

La asignación y el uso de los subsidios ha tenido, a partir de entonces, una evolución continua que ha permitido crear un conjunto de buenas prácticas y estándares con reconocimiento internacional.

En México, las Reglas de Operación hacen acopio de disposiciones que precisan la forma de operar los programas que canalizan subsidios, conocidos como programas de modalidad “S”. Esta “forma de operar” debe ser vista de una manera amplia y contextualizada y, tal y como señala el marco constitucional, debe apegarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Gran parte del éxito de los programas presupuestarios de modalidad “S” depende, no sólo de las Reglas con que debe operar, sino de su estructuración de conformidad con el ciclo integral de planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control, seguimiento y evaluación y rendición de cuentas.

Desde la planeación, deben contar con un diagnóstico integral que plantee con claridad el problema público que pretenden resolver, fundamentado en información cuantitativa y cualitativa. Para su programación, debe aplicarse un diseño que considere la estructura del programa, alineada a su Actividad Institucional, a la Unidad Responsable de operarlo y a los elementos de Gobernanza necesarios para su buen desempeño.

En términos operativos, los programas de modalidad “S” deben atenerse a i) que sus Reglas de Operación sean dictaminadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; ii) que se establezcan criterios de selección de beneficiarios y que estos sean precisos, definibles, mesurables y objetivos; iii) las poblaciones potencial, objetivo y atendida deben de estar definidas y cuantificadas y, ahora, georreferenciadas y; iv) que cuenten con mecanismos precisos de asignación de subsidios. A estas condiciones, hay que añadir los trámites que los beneficiarios deben cumplir y los plazos de atención, además de los costos de operación.

Como resulta obvio suponer, el punto más crítico es el padrón de beneficiarios, el cual debe cumplir con requisitos fundamentales que permitan acreditar a los receptores de los apoyos de manera estricta, a fin de evitar desvíos o duplicidades con otros programas. No es menor señalar que las bases de datos de los beneficiarios, con la debida protección de datos personales, deben ser públicas y sujetas a escrutinio.

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

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