El uso del dinero en política tiene muchos ángulos de discusión frente a las distorsiones que puede generar en la equidad de las contiendas electorales. No es ilegal usar recursos económicos en campañas siempre y cuando no provengan de fuentes ilegítimas o sobrepasen un tope puesto en la ley buscando equilibrar la cancha para que todos tengan oportunidad de triunfo cuando se participa en un proceso electivo.

Los debates sobre una eventual reforma electoral han centrado foco en diversas medidas de austeridad y en el costo de la política por la vía de reducir el financiamiento público a partidos y autoridades. Ambos temas son importantes y están asociados al uso del dinero público, pero la deliberación de recursos partidarios no debe mandar a segundo plano otras problemáticas como son las cantidades y modalidades de uso en las campañas y los riesgos permanentes que entraña el uso indebido de efectivo y sus efectos en la equidad y limpieza de una competencia.

Hemos avanzado mucho en materia de fiscalización para detectar propaganda no reportada y cuantificarla, para dar seguimiento a todas las operaciones bancarias por las que fluye el dinero en política, pero seguimos enfrentando un reto mayúsculo que es seguir la pista del efectivo no fiscalizable que corre por debajo de la mesa con métodos de triangulación que podrían acotarse si las restricciones y sanciones previstas en ley fueran realmente inhibitorias.

Lo primero sería homogeneizar los asimétricos topes de gastos de campaña en cada entidad federativa, porque hoy, detectar millones no reportados gracias a los monitoreos permanentes que realiza la autoridad electoral no necesariamente significa un rebase sancionable con nulidad de elección. Si de origen hay topes muy altos en una contienda a una gubernatura y muy bajos en otra, un gasto no reportado muy alto puede tener una simple multa como consecuencia; y un gasto no reportado muy bajo puede significar nulidad, dependiendo la entidad federativa donde se lleve a cabo una elección.

Sería un error que en aras de la austeridad se optara por desaparecer la totalidad del financiamiento público a partidos porque entonces estaríamos en un escenario de privatización de la política donde sólo los grandes capitales postularían candidaturas competitivas.

Hay un principio constitucional que hoy establece prevalencia de dinero público frente al privado en cualquier campaña, pero eso no puede aplicarse de manera efectiva a candidaturas independientes si permanecen los 60 o 90 días de campaña y los topes de gasto vigentes.

El problema es simple, si logra registrarse un candidato independiente recibe una bolsa de recursos públicos infinitamente menor al tope de gastos de campaña y ante esa realidad los criterios jurisdiccionales optaron por permitir que completaran con financiamiento privado lo que faltara para llegar al tope, algo que de facto rompe el principio de prevalencia de dinero público sobre el privado y que debiera ser parte de las deliberaciones legislativas, igual que el tema en general de los topes.

Difícilmente podrán ser efectivas las reglas para acotar dinero indebido en la política si una vez que se detectan faltas u omisiones flagrantes luego vienen sentencias o criterios que las dispensan; por ejemplo, una de las garantías para que los gastos de precampaña y campaña puedan fiscalizarse es que se presenten los informes de gasto.

Mientras que la ley estableció que de no presentarse esos informes se perdería el derecho a competir en la elección correspondiente, el Tribunal Electoral interpretó que era demasiado severo negar el registro a un candidato omiso en sus gastos.

Cada vez son más robustas las rutinas técnicas e institucionales que se despliegan para rastrear triangulaciones indebidas o inyección de recursos en los contextos de competencia política, pero un mecanismo para eludir reglas es el dinero en efectivo o la omisión de reportes que compliquen o pongan contra la pared a la autoridad al momento de fiscalizar. Si no hay informe o reportes después de cada gasto, se obstaculizan las investigaciones que deben hacerse en plazos cortos.

Son varios los asuntos vinculados al dinero que debieran estar en el foco de discusión. La austeridad es atendible, pero está lejos de ser el único asunto relacionado con los dineros de la política.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada