(EPIGRAFE) “La luz y fuerza ya es todita mexicana / hoy me doy toques cuando a mí me da la gana”,

Chava Flores.

Andrés Manuel López Obrador tiene toda la razón cuando dice que la reforma eléctrica forma parte de su ideario desde hace muchos años; ese ideario en el que el gobierno tutela la producción energética y se rebela ante abusos privados, sobre todo si son extranjeros. 

Desde la perspectiva lopezobradorista, esa premisa construye un Estado robusto y vigilante de los intereses mexicanos, un Estado que no se subordina y no abandona a los que más lo necesitan. 

Suena bien, pero esa concepción de Estado que se basa en la tutela gubernamental de la producción monopólica, no es un Estado robusto, sino uno sometido y débil, resquebrajado y vulnerable. 

Me explico. La reforma eléctrica tiene un impacto político directo en la fuerza de una empresa estatal: la Comisión Federal de Electricidad. Atar las manos a la competencia y privilegiar el monopolio no sólo resta eficiencia y aumenta costos (eso ya lo dijeron todos y no parece importar), sino que además desata las manos a un poder fáctico que no forma parte de las instituciones de nuestro país. 

¡Cómo que no forma parte de las instituciones de nuestro país! Me refiero a las instituciones políticas, las que salvaguardan el Estado de Derecho, las que representan a los mexicanos y establecen el rumbo de las políticas públicas, las que garantizan justicia y vigilan los derechos, administran la salud, gestionan la educación, organizan la seguridad o velan por los intereses mexicanos en la orquesta internacional. 

La CFE no es nada de eso. La CFE es una empresa. Una buena empresa que ha sido sangrada y paralelamente subsidiada por el gobierno mexicano. Una empresa pública cuyos incentivos no pasan por la eficiencia de costos, sino por el incremento anual en el presupuesto. El presidente ha cumplido con la promesa de no aumentar los recibos de luz, pero eso es porque se subsidian con dinero público, que de quién es. Los mexicanos vemos subsidiada la luz en nuestros hogares porque subsidiamos a la gigantesca Comisión por otras vías, pagando fiscalmente los altos costos económicos de producción, los costos ambientales y los costos de esos admirables deportivos de un sindicato con privilegios que no goza ni dios (ya pues, lo cambio: ni Obama).

Al director de la CFE lo puede nombrar el Presidente en turno, pero la CFE es un poderoso músculo que no controla el Presidente, que se basta sola y que acaba de conseguir libertad de movimientos y poder inconmensurable. Acaba de convertirse nuevamente en el único ente que puede quitar, poner y suministrar energía en este país. El único ente que puede decidir -cuando acabe de comprarse a sí mismo la parte más caro-, a quién y por qué comprarle más energía, sin que lo obligue la ley a hacer subastas para escoger al mejor postor. Eso no le da poder sólo en nuestros cables: le da un poder político inmenso y parece no entenderlo bien Andrés Manuel López Obrador. 

Ese presidente, que busca robustecer al Estado, lo ata a poderes fácticos, lo somete a una empresa pública y mientras tanto, debilita a las instituciones democráticas.

Tenía razón López Obrador cuando hablaba de una mafia en el poder; en gran parte sí, y los mexicanos le compraron la idea de echarla a patadas, sin imaginar que vendría algo peor. López Obrador está construyendo una mafia con muchísimo más fuerza que la bola de zánganos corruptos del sexenio anterior. Piensen quién puede someter más fácilmente al Estado mexicano: ¿la CFE, que trasciende nombrecitos y sexenios, o el Videgaray más perverso?

La respuesta es clara: López Obrador pasará a la historia como el debilitador más perjudicial del Estado mexicano.

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.

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