La generación de métricas sobre el desarrollo de gobierno electrónico (e-gobierno) se ha convertido en una labor cada vez más recurrente, para monitorear la evolución de los beneficios y necesidades del ciudadano electrónico (e-ciudadano).

Entre el 2012 y el 2017, la población mexicana de seis años o mayor clasificada como internauta pasó de representar 45.1% a poco más de dos terceras partes (79.1 millones). Al haber cada vez más internautas y mayor adopción de dispositivos de conectividad, la digitalización debería traducirse en la consolidación de un auténtico e-ciudadano, es decir, esa persona que hace suya parte del Estado, ejerce sus derechos y utiliza los medios electrónicos para interactuar, realizar trámites y solicitar información de su gobierno.

La Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 revela que sólo 29% (13.9 millones) de las personas mayores de edad que habita en poblaciones urbanas de 100,000 habitantes o más ha interactuado al menos una vez con el gobierno a través de Internet, este indicador ascendía a 32.1% de acuerdo con la ENCIG 2015.

Las métricas muestran no sólo una aún limitada proporción de los ciudadanos aprovechan los beneficios del gobierno electrónico (e-gobierno), sino que en dos años ese porcentaje incluso se ha reducido. Este fenómeno se deteriora al dimensionar el uso del gobierno electrónico por entidad federativa.

Mientras que en Querétaro y la Ciudad de México la proporción de gente usuaria de e-gobierno asciende a 40.9 y 37%, respectivamente, en entidades como Chihuahua y Guanajuato alcanza escasamente 20.1 y 18.1 por ciento.

Entre los indicadores disponibles sobre gobierno electrónico destaca que 17.4% de los mexicanos mayores de edad utilizó Internet para el llenado y envío de formatos en páginas de Internet para iniciar o concluir trámites; 15.7% para consultar páginas web de gobiernos en cualquiera de sus tres niveles (federal, estatal o municipal); 9.5% para continuar o terminar un trámite o pago de servicio en páginas web de gobiernos; 5.9% para presentar quejas, denuncias o comentarios en cuentas de redes sociales de gobierno, y, finalmente, 5.7% para realizar personalmente pagos o solicitudes de servicios a través de Internet.

La oferta de e-gobierno se encuentra en un proceso de crecimiento, diversificación y vinculación eficaz con la ciudadanía; sin embargo, aún no empata óptimamente con la demanda o, por decirlo de otra forma, parece incongruente con las necesidades del e-ciudadano. El primer paso y el menos complejo para impulsar el acceso y eficacia del e-gobierno consiste en la democratización de la conectividad y, por lo tanto, en el impulso a la infraestructura y cobertura de telecomunicaciones en el país.

Sin embargo, dando un paso más allá, para disminuir la incompatibilidad entre oferta y demanda de e-gobierno, los servicios que de este deriven deben reducir efectivamente los costos de transacción a los que se enfrenta el e-ciudadano en los trámites burocráticos, la participación y la transparencia.

La actual oferta e-gobierno en México agrega valor a la prestación de servicios públicos, impulsa el modelo de datos abiertos en favor de la transparencia, además de facilitar la participación ciudadana a través de plataformas digitales.

Se deben materializar esfuerzos adicionales para llevar a más ciudadanos todos estos beneficios que, de una forma u otra, coadyuvan con la dinámica social y económica.

Este debería ser uno de los ejes en la implementación de estrategias dirigidas al sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el fortalecimiento y eficacia de las plataformas de e-gobierno, no como objetivo primordial, pero sí una de sus líneas de acción. A ello debe contribuir en su ejecución efectiva una agenda digital nacional, como política de estado, como la planteada en www.adn18.mx.

Ernesto Piedras

Director General de The Competitive Intelligence Unit

Inteligencia Competitiva