Mucho antes de la crisis sanitaria que padecemos, el presidente de la República anunció que estaba valorando “devolver” los espacios “gratuitos” a los que tiene derecho el Estado mexicano en cada señal de radio y televisión que hay en país (son más de 3,000 emisoras) por concepto de “tiempo fiscal”. Es una demanda añeja de las grandes televisoras, quienes han insistido en que esos mensajes no se otorguen al Estado ni a partidos políticos y, en cambio, sea el Estado y los partidos quienes les paguen el tiempo (con dinero público) o se les permita venderlos a dineros privados.

Es válido comercializar tiempo aire, pero no cancelar la obligación de otorgar sin cobro espacios a instituciones públicas. Las concesiones de radio y televisión no son propiedad privada y por eso no hay nada que devolverles, nada que se les haya arrebatado; al contrario, las empresas de televisión y radio comerciales lucran con espectro radioeléctrico que es un bien público y finito. Es cierto que los contenidos que producen son suyos, pero el espectro radioeléctrico por donde los difunden masivamente es propiedad de la nación acorde a la Constitución y, por lo tanto, son las empresas las que deben regresarle al Estado una pequeña porción de minutos sin cobrar más a los bienes comunes del país. Así, de 24 horas de transmisión que ocupan espectro propiedad de la nación, sólo son 18 minutos de tiempo fiscal y 30 minutos adicionales —por ley— deben proporcionarse tanto por señales privadas como públicas, incluso comunitarias, para mensajes no pagados de partidos y de instituciones públicas. Ese tiempo no es del presidente de la República ni de las empresas, y regalarlo por decreto afecta el modelo de comunicación política y los mensajes de órganos autónomos y Poder Judicial.

El tiempo fiscal es, en realidad, una modalidad más que generosa para dar por pagado “en especie” un impuesto que es considerable y que de hacerse efectivo (sigue vigente) asciende a 25% del total de las ganancias de televisoras y radiodifusoras. Ése es el impuesto y desde 1969 se permitió que se liquidara con algunos minutos. Antes del 2002 eran prácticamente tres horas al día por emisora que transmitiera 24 y ese año el gobierno de Vicente Fox lo redujo a 18 minutos. Ahora el presidente López Obrador sugiere que se eliminaría por completo.

En términos electorales hay dos riesgos con el anuncio. Por un lado, cuando hay precampañas y campañas, los partidos y autoridades electorales tienen, por mandato constitucional, 48 minutos diarios en cada señal de radio y televisión. Sería un engaño interpretar que sin tiempos fiscales ya no alcanza para cumplir con esa base constitucional, porque esos minutos no se condicionan a tiempos fiscales o no fiscales, la norma constitucional dice que son 48 minutos gratuitos y obligatorios desde que inician precampañas y hasta el día de la jornada comicial respectiva. Sin embargo, si desparecen los 18 minutos de tiempo fiscal, se abrirá un debate en donde las empresas interpreten que sólo quedan 30 minutos disponibles por ley (tiempo “de Estado”) y cero minutos de “tiempo fiscal”. En mi opinión esa bolsa de 48 minutos debe seguir siendo gratuita y sin transferencia de recursos públicos a emisoras privadas y debe mantenerse, se regale o no el tiempo fiscal, porque no puede vía decreto cancelarse una disposición constitucional.

Por otro lado, la afectación inminente es la bolsa de tiempo ordinario para partidos y autoridades electorales, porque la Constitución dice que cuando no hay elecciones los partidos tienen acceso permanente a spots, pero éstos se calculan con base en el tiempo oficial “disponible”, y si baja de golpe el tiempo fiscal (18 minutos en TV y 35 minutos en radio) la base de cálculo se reducirá de un día a otro.

En otras palabras, el presidente quiere “devolverles” a empresas el tiempo fiscal y, con ello, restar también tiempo a todas las instituciones públicas y a los partidos.

*Exconsejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada

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