Deuda pública de los estados

Con la crisis económica desencadenada por la pandemia del Covid-19, se están abatiendo los niveles de recaudación de impuestos federales y estatales, precipitando a las entidades federativas altamente endeudadas a una crisis financiera que las tiene al borde del colapso e imposibilitadas para cumplir adecuadamente sus responsabilidades constitucionales. Mientras sus ingresos disminuyen sustancialmente, los gastos relacionados con el servicio de su deuda pública permanecen inalterados. Y estos impactos ocurren después de la “vuelta de tuerca” aplicada por el Gobierno de la 4T a las aportaciones federales durante el arranque de su gestión.

Tanto el presidente como los gobernadores coinciden en la necesidad de revisar la fórmula de participación de los distintos ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) en la recaudación de impuestos federales participables. En un análisis de las finanzas públicas estatales, realizado en este mismo espacio la semana pasada, concluimos que se requiere una revisión a fondo del pacto federal, la cual debe abordar la definición clara de responsabilidades de cada ámbito de gobierno, sus potestades fiscales, la corresponsabilidad en el costo económico y político de la recaudación, la definición transparente de las reglas de repartición de esos dineros y los mecanismos de rendición de cuentas que garanticen su correcta aplicación.

También apuntamos que hay 11 estados de la República (Coahuila, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz) que destinaron entre 8.5 y 31.6% de sus egresos al pago del servicio de su deuda en el 2018. Agregando a Chihuahua, en tres años (del 2009 al 2011), estas 12 entidades recibieron créditos por 184,342.3 millones de pesos, monto equivalente a 34.4% del saldo de la deuda pública acumulada por todos los estados del país al 13 de enero del 2019 y 1,434 veces mayor a los 10 millones de dólares que Oderbrecht declara haber entregado a Lozoya.

Algunos elementos de información sobre la dinámica y condiciones de contratación de estos créditos en los estados de México y Coahuila nos pueden ayudar a configurar una imagen de lo ocurrido. Como en muchos otros aspectos de la política a la mexicana, el Estado de México resultó ser un alumno precoz. Entre el 2001 y el 2009 recibió financiamientos por 42,364.4 millones de pesos, acaparando 25.3% de los créditos recibidos por las 32 entidades federativas en esos años (incluida la CDMX). Este lapso cubre el periodo de Arturo Montiel y los primeros tres de Peña Nieto. Entre el 2001 y el 2005, Luis Videgaray se desempeñaba como director de Finanzas Públicas de la empresa “PROTEGO Asesores”, propiedad de Pedro Aspe, haciéndose cargo de asesorar en materia de financiamiento de la deuda pública a varios estados, entre ellos el de México. A partir del 15 de septiembre del 2005, asumió la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador de ese estado.

Como lo muestran los datos arriba apuntados, el gusto por el endeudamiento como fuente de ingresos de los estados se “popularizó” rápidamente. ¿Cómo se contrataron los créditos? Revisemos el caso de Coahuila.

Del Informe Anual de Resultados correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2010, elaborado por la Auditoría Superior (ASE) del estado de Coahuila, se desprende: 1) Que al 30 de septiembre del 2011, el gobierno de Coahuila había celebrado 28 contratos de créditos bancarios y cuatro de arrendamientos financieros por un monto global de 35,540.5 millones de pesos; 2) Que solamente 6,503 millones estaban amparados por cuatro decretos emitidos por el Congreso de Coahuila; 3) 10 contratos de deuda a corto plazo por un monto de 11,028.5 millones de pesos, debieron haberse liquidado antes de concluir la gestión de Humberto Moreira; 4) Respecto a los créditos de largo plazo sin autorización del Congreso, éstos ascendieron a 18,009 millones de pesos; 5) El grueso de la deuda se contrató en el 2010 (20,778.5 millones) y el 2011 (7,356); 6) Los créditos se contrataron con 10 instituciones financieras, de las cuales dos (Interacciones y Banorte) concentraron 61%; es decir, 21,684.5 millones de pesos; 7) La ASE reportó que todos los créditos de largo plazo “cuentan  con  el  número de  registro  de  deuda  del gobierno del Estado y de la Secretaría de Hacienda”; sin embargo, ésta última desconoció el registro de créditos de largo plazo por 16,182.7 millones de pesos.

¿Por qué autorizaron esos créditos los bancos? ¿Qué garantías recibieron y quién se las otorgó? ¿En qué se emplearon esos recursos? ¿Cómo se justificaron las salidas de esos dineros de las arcas estatales?

En todo caso, los beneficios más importantes recibidos por quiénes autorizaron esos financiamientos, no se registran en los balances de los bancos. Si una parte se desvió para el financiamiento de campañas políticas, seguramente se reflejaron en los balances de empresas proveedoras de esos gobiernos, o en las posiciones de poder obtenidas como contraparte por los favores prodigados. Estamos frente a un posible caso de “daño moral”: “comportamiento oportunista en donde una de las partes busca su propio beneficio a costa de que la otra no pueda observar o estar informada de su conducta. El riesgo moral aparece en los mercados con información asimétrica. Una de las partes tiene información privada acerca de su conducta mientras que otros no pueden obtener esta información”. (Economipedia).

La justificación de las erogaciones nos remite al tema de las facturas fantasmas y a las exenciones de impuestos otorgados a éstas por el SAT. Cinismo puro: No sólo defraudaron obteniendo dinero por papel, sino que el fisco federal les “perdonó” los pagos de impuestos a empresas inexistentes.

Un gobierno que tuvo como eje de su oferta política el combate a la corrupción, está obligado a dar respuestas claras a estas preguntas y, en su caso, a impartir justicia. López Obrador se deslinda de esas prácticas exclamando; “no somos iguales”, pero si ahora que detenta el poder no sanciona conforme a derecho esas conductas, difícilmente podría afirmar: “No somos de los mismos”.

Lo que a estas alturas resulta claro, es que los ciudadanos de los estados no tienen por qué pagar los platos rotos y que se requiere una reestructuración de la deuda pública en las entidades afectadas que contemple no solamente la revisión de tasas y plazos, sino una reducción significativa del principal.

*Investigadores Nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.