Desaparecer al IFE por el INE

El Pacto por México representa, sin duda, uno de los mecanismos de concertación política más importante observado en décadas. Ha roto el inmovilismo en el que los partidos políticos tenían sumido al Poder Legislativo y ha generado una relación más productiva entre este Poder y la Presidencia de la República.

Desde la época de los pactos económicos del Presidente De la Madrid para frenar la inflación -en los que los empresarios se comprometían a no elevar los precios, los trabajadores a no solicitar incrementos salariales y el gobierno a resarcir a los trabajadores por la vía de un crédito fiscal (que más adelante se los quitaría el IETU)- no se veían esas fotografías con representantes de poderes fácticos e institucionales tan variados unidos en una causa común. Enhorabuena.

El secreto del Pacto consistió en rescatar del abismo a los presidentes del PAN y del PRD para otorgarles la estatura política que los resultados electorales y los liderazgos de Felipe Calderón y de Andrés Manuel López Obrador les habían minado y les seguían regateando.

El riesgo de fracturar al PAN y al PRD se diluye cada día al ver a los legisladores afines a Calderón y a López Obrador sucumbir ante los frutos de un –cada vez más- afianzado Pacto por México.

Ante el válido cuestionamiento de trasladar las definiciones legislativas del Congreso al Consejo Rector del Pacto, se imponen los resultados avalados por una opinión pública que ve en el Pacto un mecanismo más eficiente que la tradicional agenda legislativa del Congreso.

Ahora bien, el que este acuerdo político haya rescatado la mediocre trayectoria de Gustavo Madero, no le autoriza a proponer la desaparición del IFE por la de un Instituto Nacional Electoral (INE), que habría de encargarse no sólo de arbitrar las elecciones federales de cada tres años, sino la totalidad de las elecciones municipales y estatales que suceden varias veces cada año.

La jornada electoral de julio del año pasado (que incluyó el relevo de gubernaturas en seis estados y de congresos estatales y presidencias municipales en otros 10), implicó aprobarle un presupuesto al IFE, al Tribunal Federal Electoral, a la Fepade y a los institutos y tribunales electorales estatales, por un monto total de 26,700 millones de pesos.

Desmontar al IFE para ensamblar un INE y a un Tribunal Nacional Electoral implicaría un costo administrativo elevadísimo, el cual se aderezaría de presupuestos anuales cercanos a los erogados en el 2012. Claro está, ello con cargo a los contribuyentes, quienes ahora habrían de apoyar económicamente el costo de sufragios en entidades en las que dichos contribuyentes no votan. Lo anterior, sin dejar de indicar que el centralizar la resolución de procesos electorales regionales se contrapone –peligrosamente- al régimen federal.

Por el contrario, las elecciones deben implicar gradualmente costos menores. Ahora que contamos con instituciones y procesos más confiables y equitativos, debe desaparecer el financiamiento a partidos políticos, como sucede en las democracias avanzadas.

Así, se reducirían las burocracias partidistas que lo único que producen son dirigentes como Madero, por los cuales no votamos y no conforman –por lo tanto- poderes instituidos, y que sólo vienen a proponer ocurrencias como ésta.