La semana pasada comenté en este espacio la pretensión de los partidos políticos, a través de sus lacayos en el Instituto Federal Electoral (IFE), de darse un privilegio más escatimado al resto de los ciudadanos: el derecho de réplica. En efecto, ante la omisión de esos mismos partidos políticos de legislar en la materia, el Consejo General del IFE se arroga atribuciones del Congreso de la Unión para beneficiar a los partidos y sus rémoras. Ahora, con un cinismo acrecentado y en un atentado no sólo a la Constitución sino a la más elemental seguridad jurídica, el IFE pretende a través de su Reglamento de Quejas y Denuncias otorgar el derecho de réplica no sólo a los partidos políticos, candidatos y precandidatos, sino a cualquier aspirante a cargos de elección popular. El proyecto de reglamento define aspirante como cualquier ciudadano que previo a la realización de los procesos de selección interna de candidatos a un puesto de elección popular e independientemente de sí son postulados como precandidatos por algún partido político o coalición, manifiesten de forma clara y precisa, por medio de expresiones, mensajes, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones de audio o video o ante los medios de comunicación su intención de contender en un proceso electoral federal o local determinado . Es decir, cualquier persona que persiga un hueso y crea poder obtenerlo de algún partido.

No nos dejemos engañar, este derecho de réplica no es para el ciudadano común, sino para los mantenidos de la política. Tan es así, que los mismos partidos que hoy presionan por un privilegio que les permita tener mayor tiempo gratuito en radio y televisión y espacio en los periódicos, hace pocos días mandaron a la congeladora la reforma política que permitiría las candidaturas independientes. Esos paladines de la competencia democrática quieren mantener su monopolio y sus privilegios dándonos atole con el dedo .

En su soberbia, olvidan los principios más elementales de los derechos a la libertad de expresión y a la información, vigentes en cualquier democracia moderna. En las democracias verdaderas, donde los ciudadanos tienen el derecho a votar y ser votados, estos derechos siempre han estado en conflicto con el derecho a la vida privada y la intimidad. Sin embargo, en esas mismas democracias, los tribunales han privilegiado la libertad de expresión y el principio de máxima publicidad en el caso de los que detentan o pretenden detentar el poder. Es decir, los ciudadanos comunes siempre gozan del derecho inalienable a la vida privada y la intimidad, derecho que se ve reforzado por el derecho de réplica.

Por el contrario, en el caso de personajes públicos que detentan o pretenden detentar el poder, el derecho a la vida privada y la intimidad se ve restringido dado que cualquier información sobre su ámbito personal es de interés público, toda vez que puede tener claros efectos en su desempeño público y el elector debe siempre saber por qué alimaña va a votar.

En México, por el contrario, los partidos han limitado, de facto, al no legislar sobre el tema, el derecho de réplica de los particulares que puedan ver vulnerada su vida privada o su intimidad y, al mismo tiempo, pretenden ellos contar con herramientas para que nadie conozca sus antecedentes y tropelías. El proyecto del IFE considera como propaganda contraria a la ley aquella que pueda influir en las preferencias electorales en favor o en contra de partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos y/o candidatos a cargos de elección popular . Es decir, todo lo que digamos sobre ellos y particularmente sus trapos sucios.

He indicado ya que la pretensión del IFE de legislar en materia de derecho de réplica es inconstitucional, toda vez que esta atribución está reservada al Congreso de la Unión, pero no sólo es inconstitucional por esto. Lo es también de fondo. El Artículo 6 de la Constitución establece: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público . Esto es, la libertad de expresión sólo se puede limitar cuando (i) ataque a la moral, (ii) ataque los derechos de terceros, (iii) provoque algún delito o (iv) perturbe el orden público. En el caso de los proyectos del IFE no se cumple ninguno de estos supuestos. Como vimos, en materia de aspirantes al poder su derecho a la privacidad está restringido por el propio objeto de su aspiración. Por decisión de los partidos, en un alarde de demagogia, se derogaron los delitos de injurias, difamación y calumnia. Por último, lo que los medios nos puedan informar sobre los partidos, candidatos, precandidatos y ahora aspirantes , lejos de perturbar el orden público lo sustentan, ya que es la única vía que tenemos los ciudadanos de saber por quién votamos.

Una pregunta para los consejeros ciudadanos del IFE, ¿para quién trabajan? ¿Para los ciudadanos o para los partidos a los que deberían regular y controlar?