¿De regreso a la ?docena trágica?

A raíz de la propuesta de incurrir el próximo año en un déficit fiscal de 1.4% del PIB, medido a través del balance económico (4.1% del PIB medido con los requerimientos financieros del sector público), como parte de la política fiscal contracíclica enmarcada en el concepto de balance fiscal estructural, surgieron expresiones de que esto nos regresaba a los años de irresponsabilidad en el manejo macroeconómico que caracterizaron la docena trágica, es decir, durante los gobiernos de Echeverría y de López Portillo. ¿Qué tan cierto es esto? Tres puntos al respecto.

Como comenté en el artículo de la semana pasada, las reglas de instrumentación del balance estructural no están definidas, en particular quién tiene que estimar el PIB potencial y los montos de déficit y/o superávit fiscal en función de en qué parte del ciclo nos encontremos. La falta de estas reglas puede facilitar al gobierno a incurrir en déficits permanentes, violando así el principio de balance estructural. Es muy fácil acostumbrarse a vivir con déficit, más aun cuando no existe un efectivo esquema de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos y de los legisladores y de ahí la importancia de introducir la reelección de estos últimos.

Dicho lo anterior, hay dos elementos fundamentales en la economía que hacen una enorme diferencia respecto de la década de los 70 del siglo pasado, por lo que buscar la similitud respecto de esos años es incorrecto.

El primero, que es sin duda el más importante, es la autonomía del Banco de México y su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Por diseño constitucional, nadie en el gobierno puede obligar al banco central a otorgarle financiamiento al gobierno, por lo que el financiamiento inflacionario del déficit fiscal, como sí se dio en el pasado, ya no es posible. A los mexicanos nos costaron mucho los años de inflación como para volver a esa situación y de ello hay plena conciencia entre los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

El segundo es la integración de la economía mexicana al resto del mundo, tanto en el ámbito comercial como el del movimiento de capitales. Durante los años de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, el financiamiento del déficit fiscal, además del que proveyó el Banco de México, provino en gran medida de crédito bancario externo, habiendo pasado de la deuda externa de 4,000 millones de dólares en 1970 a 80,000 millones en 1982. Dada la integración de la economía mexicana, incurrir en déficits fiscales elevados llevaría a un rápido castigo sobre la deuda externa en el mercado financiero internacional, obligando al gobierno a pagar mayores tasas de interés, lo que aunado a una deprecación del tipo de cambio elevaría las tasas de interés en el mercado financiero mexicano, con los costos que ello implicaría sobre el crecimiento económico.

Así, estos dos elementos llevan a concluir que buscar una similitud con los años de la docena trágica no tiene bases.

Lo que falta, obviamente, es obligar al gobierno a establecer con absoluta transparencia y de manejo no discrecional las reglas de operación del balance fiscal estructural, empezando por quién tiene que estimar el PIB potencial, sea un consejo técnico o en su defecto el INEGI, más el mandato legal de que si el PIB corriente está por arriba del potencial, el gobierno esté obligado a incurrir en un superávit y amortizar deuda.

ikatz@eleconomista.com.mx