Como se encargan de recordárnoslo cerca de 48 millones de spots comerciales de radio y televisión, nos queda claro que el próximo 1 de julio habremos de elegir una nueva conformación de la cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

Así, contaremos con 500 nuevos diputados y con 128 nuevos senadores. Un total de 628 legisladores.

En este entorno electoral en el que tanto el gobierno como el IFE insisten -día y noche- en anunciarnos que lo mejor que nos puede pasar es poder sufragar libremente por nuestros representantes, pasa desapercibido que este derecho al sufragio lo haremos por sólo una parte de los diputados y senadores.

De los 500 diputados sólo votaremos directamente por 300, y de los 128 senadores lo haremos por 64 de manera directa (mayoría relativa) y por 32 de manera indirecta (primera minoría). Esto significa que, adicionalmente a los legisladores señalados, tendremos 200 diputados y 32 senadores plurinominales.

Salvo que existan sorpresas mayúsculas y teniendo en cuenta la exactitud del cálculo político de nuestro sistema electoral, resulta notable que a poco más de tres meses de las elecciones ya conozcamos el nombre de 200 diputados y de 32 senadores -todos ellos plurinominales- que habrán de manejar las comisiones más importantes de ambas cámaras, así como presidir las mesas directivas.

Muy pocos serán los diputados y senadores de mayoría relativa que habrán de tener un papel relevante en dichas comisiones legislativas. La gran mayoría de los legisladores por los que votaremos engrosarán las filas de atrás de los recintos parlamentarios y no habrán de pisar la tribuna, salvo que se requiera tomarla para reventar alguna sesión.

Estos 232 legisladores por los que no votaremos, pero que habrán de manejar los destinos del Congreso, representan 33% del total de curules de la Cámara de Diputados y 25% de los escaños del Senado.

De esta forma, si cada diputado cuesta 12 millones de pesos al año (según el presupuesto de egresos para el 2012), el costo total de los tres años de la siguiente legislatura de la Cámara baja será de 7,200 millones de pesos por concepto de diputados plurinominales.

En el caso de los senadores plurinominales, que duran en su encargo seis años, si partimos de la base que cada uno de ellos cuesta anualmente 27.7 millones de pesos, el costo total de la LXII Legislatura, por este tipo de senadores, será de 5,318 millones de pesos. Lo anterior significa que los pluris que aparecerán en escena el próximo septiembre tendrán un costo total de 12,518 millones de pesos.

En adición a dichos costos directos, debemos sumar una proporción del costo del IFE para unas elecciones legislativas que, al día de hoy, tienen ya a sus futuros líderes parlamentarios tomando medidas de sus nuevas oficinas en San Lázaro y en Reforma. Para este 2012, el IFE nos costará a los contribuyentes 16,000 millones de pesos.

Este costo se aplica a las elecciones federales que implican -este año- la renovación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Teniendo en cuenta que la renovación de dos poderes federales se da en una sola jornada electoral, es válido decir que la mitad del costo de la elección implica el sufragio por el nuevo Presidente de la República y la otra mitad para el Congreso. Si 37% de los legisladores son plurinominales, éstos tienen un costo el día de la jornada electoral por 2,960 millones de pesos.

Todo lo anterior se traduce en un costo de más de 15,000 millones de pesos. Eso cuesta tener 232 legisladores plurinominales sesionando a partir del 1 de septiembre próximo. Sin embargo, no es ésa la única factura que pagamos los ciudadanos.

El verdadero costo es que el nuevo Congreso de la Unión tendrá como senadores a muchos que fueron diputados y viceversa, conocidos en la jerga política como chapulines.

Estos legisladores han dado muestra de su incapacidad para acordar y aprobar reformas estructurales que requiere el país en materia laboral, fiscal, y de energía, entre otras.

Parece ser que, con independencia del resultado de la elección presidencial, el Congreso enfrenta un grave riesgo de convertirse, de nuevo, no en un contrapeso del Ejecutivo, sino en una pesada losa para la transformación legislativa del país. Los plurinominales cumplieron ya con su misión histórica. Desaparezcámoslos.