Si el Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial, lo que puede pasar, entre otras muchas cosas, es que los presidentes violen con facilidad la Constitución y las leyes, para presentarse a la reelección, cuando éstas se lo impiden, y después quedarse para siempre en la presidencia.

Eso ya ocurrió en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, donde la Constitución y las leyes electorales le impedían volver a participar en una elección, era la cuarta ocasión, en el intento de reelegirse. Él presenta su caso al Tribunal Constitucional.

Ese órgano, controlado por él, resuelve que la Constitución y la ley violaban sus derechos humanos al impedirle participar en los comicios. Y decide que tiene el derecho de hacerlo. En la elección vuelve a ganar. Ahora, una vez más, junto con su esposa, la vicepresidenta, está en el poder.

Un caso exactamente igual ocurrió en Honduras. El presidente Juan Hernández, de la derecha, al término de su mandato no podía reelegirse. Imitó, de manera exacta, lo que había hecho el izquierdista Ortega.

El Tribunal Constitucional de Honduras, controlado por él, resolvió de la misma manera que el de Nicaragua. Al presidente Hernández, la Constitución y las leyes le violaban sus derechos humanos al impedirle participar en la elección. Lo autoriza y gana otra vez la presidencia. Ahora está en el poder.

Un tercer caso es el de Bolivia. El presidente Evo Morales, que ya no podía reelegirse de acuerdo con la Constitución y las leyes bolivianas, citó en el 2016 a una consulta popular, para ver si se reformaba el texto constitucional, para que quedara abierta la posibilidad de la reelección continua. La ciudadanía se opuso.

Morales, identificado con la izquierda, recurrió, entonces, al mecanismo utilizado por Ortega y Hernández. Y el Tribunal Constitucional, controlado por él, resolvió que la Constitución y las leyes violaban sus derechos humanos al impedirle participar en la elección. En octubre del 2019 estará de nuevo en la boleta electoral. Es presidente desde el 2006. La mayoría de los bolivianos no aprueba esta maniobra. Ya se verán los resultados.

Si el Poder Judicial está bajo control del Poder Ejecutivo, la norma de su actuación nunca será la Constitución y las leyes, sino lo que instruya el titular del Poder Ejecutivo. Los casos de Nicaragua, Honduras y Bolivia son muy claros. En México, después de una lucha de décadas, se ha podido construir una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente del Poder Ejecutivo.

Es una de las grandes fortalezas de la democracia que tiene el país. En el México de hoy día no podría suceder lo que ha ocurrido con los presidentes Ortega, Hernández y Morales. Toda la sociedad mexicana, los poderes del Estado, las fuerzas políticas y las autoridades del país están llamadas a defender siempre la autonomía de los poderes y en particular que el Poder Judicial nunca esté bajo el mando del Poder Ejecutivo. En ese momento dejaría de existir la democracia.

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Rubén Aguilar

Asesor Político

Convicciones

Licenciado en filosofía, maestro en sociología y doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana (Campus Santa Fe, México). Tiene estudios de comunicación en el ITESO (Guadalajara, Jalisco) y de desarrollo institucional en el INODEP (París, Francia). De 1966 a 1979 estuvo en la Compañía de Jesús.