En agosto de 2019, el comisionado Sergio Pimentel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) advirtió, en plena sesión de órgano de gobierno, que la decisión que se estaba votando rayaba en lo ilegal. La CNH estaba asignando directamente 64 áreas exploratorias bajo resguardo del Estado mexicano a Petróleos Mexicanos. De acuerdo con la Constitución y el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, esto sólo se puede hacer de forma excepcional; las rondas petroleras, competidas y abiertas, son la norma general. La advertencia cayó en oídos sordos.

Ni la Secretaría de Energía ni la CNH, como cuerpo colegiado, se molestaron en demostrar la idoneidad de conducirse por excepción esas 64 veces empaquetadas. Los argumentos ‘técnicos’ se enfocaron en el futuro de Pemex, sin atender al elefante en la sala: Pemex ya había demostrado no tener la capacidad para cumplir con los niveles mínimos de actividad que esas asignaciones requerirían. Pero al menos hubo una discusión pública donde el tema se ventiló. Y a ninguna compañía en específico le violaron derechos adquiridos de forma flagrante.

Ese era el consuelo en aquel momento. A la luz de lo que hoy sabemos, se lee diferente. El episodio ya no parece un atropello aislado que ‘solamente’ afectó las oportunidades futuras de crecimiento e inversión en el país a partir de circunstancias particulares. Más bien suena como el inicio de la crónica de un abuso anunciado: una serie de decisiones del gobierno mexicano en el que la ley pasa a segundo plano, afectando cada vez más a terceros.

Tan sólo en el sector eléctrico, en un año van más de cuatro imposiciones regulatorias: la modificación para regularizar los certificados de energía limpia (CEL) cachirules de CFE, el ‘acuerdo Covid’ del Cenace para desplazar a las renovables, el ‘decreto Nahle’ para que la CFE y Sener se adueñaran de los principales criterios del sistema eléctrico y el ‘electrolinazo’ para subirle las tarifas de porteo (transporte y distribución) a los proyectos privados. Afortunadamente, distintas cortes mexicanas han suspendido todas estas definitivamente.

Pero los abusos se han seguido acumulando. Y se han ido descarando. Con el ‘acuerdo Covid’ del Cenace al menos cuidaron en una primera fase la legitimidad del emisor y la documentación para maquillar sus argumentos con un toque técnico. Fue la indiscreción de la secretaria Rocío Nahle –después ampliamente reiterada por la vigorosa argumentación del director general de la CFE– la que desenmascaró el tema como plenamente político.

En los nuevos sucesos, ya no hay momento de apariencia de decoro institucional –mucho menos de prevalencia de un estado de derecho. Hoy, no sólo sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a los reguladores energéticos a favorecer a Pemex. También sabemos que el secretario ejecutivo de la CRE instruyó a sus empleados a evitar cumplir la ley y su propio reglamento para cerrarle el paso a los permisos de los privados, en electricidad y en petrolíferos. Las nuevas y sórdidas revelaciones ya ni siquiera requieren filtraciones periodísticas: el director general de Pemex confesó ante el Senado que sabe que está violando, como en tracto sucesivo, el contrato con Braskem Idesa. No le importa. La CFE ha afirmado, en boletín oficial, que la energía eléctrica de sus plantas hidroeléctricas se despachará de forma “prioritaria y permanente” por el Cenace, que de acuerdo con la ley no le reporta. Ni se sonroja.

Y parece que estamos dolorosamente lejos de un punto de quiebre. Esta crónica, ya de abusos reiterados, aún está lejos de tocar fondo.

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell

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