La pasada no fue una buena semana para el presidente López Obrador, ya que estuvo plagada de una pésima actuación en el ejercicio de gobierno que puso de manifiesto, una vez más, la impericia, la incapacidad, la inexperiencia, la terquedad y la desorganización. Si acaso, la única buena noticia fue la aprobación en el Senado estadounidense del T-MEC. En la colección de desaciertos, está el serio desastre que ha sido la cancelación del Seguro Popular y su sustitución por el Insabi, sin reglas de operación, sin presupuesto suficiente, con escasez de atención y medicamentos y con cobros exorbitantes a los beneficiarios anteriores. Es una crisis grave. La respuesta oficial fue culpar a las farmacéuticas y la promesa de que el 1 de diciembre todos los servicios y medicamentos serán totalmente gratuitos. ¿Gratis? No, implica presiones fiscales que serán difíciles de satisfacer sin una reforma tributaria de aumentos de impuestos.

Otro desacierto fue la pretendida reforma de justicia propuesta por la fiscalía general que, por lo pronto, fue frenada por el Senado. La intención planteaba un serio retroceso, entre otros: limitar la presunción de inocencia, aplicar el arraigo domiciliario a todos los delitos, y que el Ministerio Público calificaría la legalidad de una detención en flagrancia en vez de los jueces.

Mala semana también en lo referente a la seguridad y actuación del crimen organizado: muertos y ataques en Guanajuato, Nuevo León y Guerrero. En datos económicos, el 2019 registró la menor generación de empleos formales desde el 2009, y el último dato (octubre) de la inversión mostró una caída anual de 9 por ciento.

Ante todos estos problemas, en vez de una reacción responsable y concreta por parte del presidente, prefirió aplicar lo que es su costumbre: un distractor que corra una cortina de humo a los problemas y a su responsabilidad. Sólo que en esta ocasión el distractor fue cómico: rifar el avión presidencial TP-01. No vale la pena ahondar en semejante disparate, que es penoso para la investidura presidencial. Si alguien que no sepa quién es López Obrador ve el video de ese anuncio, creerá que es un sketch cómico televisivo digno de la Familia Peluche.

Si bien puede ser entendible que el presidente no quiera utilizar el TP-01 por su lujo excesivo, es dudoso que se pueda vender, pues no es propiedad del gobierno mexicano, ya que hay una operación de arrendamiento donde están involucrados Banobras, la SHCP y la firma Boeing. El gobierno debe, entonces, buscar una alternativa viable que represente lo menos oneroso para el presupuesto federal. De ahí que fue una pésima decisión mandar el avión un año a California para su supuesta venta. Ello implicó un derroche de recursos públicos que debería estar sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero el TP-01 no es lo más importante, lo es resolver la seria crisis del sector de salud pública, que ha puesto en riesgo la vida de muchos mexicanos.

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