Para nadie es un secreto que la corrupción es uno de los grandes problemas que enfrentamos en México. Se trata de un fenómeno que merma la confianza en la democracia, que limita el crecimiento económico y que además afecta más a las familias de menores ingresos, convirtiéndose así en un impuesto regresivo.

Por ello son tan significativas las acciones legales que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto emprendió lo mismo contra líderes sindicales como Elba Esther Gordillo, que contra gobernadores corruptos de todos los partidos.

Para avanzar en esa misma dirección, también han resultado muy importantes las reformas que impulsó la sociedad civil, que fueron apoyadas por el gobierno de la República, y que con el trabajo del Congreso de la Unión derivaron en un nuevo mandato constitucional en materia de transparencia en el 2014 y en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2015.

En materia de transparencia, los cambios incluyeron a nuevos sujetos obligados como los partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos y a cualquier persona física o moral que reciba fondos públicos. Suena sencillo, pero fue un cambio clave para ampliar el derecho ciudadano de acceso a la información, y con ello, disminuir la opacidad en el manejo de recursos.

Respecto a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se trata de una de las iniciativas más ambiciosas del Estado mexicano para avanzar con paso firme en desterrar la corrupción. Dicho sistema cuenta con un comité de participación ciudadana y con un entramado institucional que articula autoridades locales y federales para generar un combate eficaz a la corrupción.

Sin duda, este sistema no sólo es perfectible, sino que debe estar en constante mejora. Aún falta, por ejemplo, que se nombre al fiscal anticorrupción, tarea que probablemente recaiga en la próxima legislatura. Y también se podría incluir al propio sistema, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, el Registro Público de la Propiedad y el Mercantil. No obstante, el Sistema es un cimiento valiosísimo para definir políticas públicas, impulsar cambios legales y establecer mecanismos de sanción que permitan disminuir la impunidad y castigar a quienes cometen actos de corrupción.

En este contexto, resultan lamentables las afirmaciones del candidato López Obrador, en el sentido de que desconfía de la sociedad civil. Sus dichos son una falta de respeto para cientos de organizaciones que, con gran empeño, con interés, pero sin intereses, han dedicado su labor a impulsar un diseño institucional con visión de Estado, mismo que se traduce en el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos permitirá ir curando este cáncer en nuestro país.

Pensar que con su mera voluntad basta para acabar con la corrupción es demagogia y simulación. Erradicar la corrupción a nivel federal, en casi 2,500 municipios, 32 gobiernos y legislaturas locales, y en toda la actividad económica que rodea dichos ámbitos de autoridad, es una tarea que exige sistemas bien pensados, no mesías mal preparados.

Tiene que quedar claro: las herramientas para acabar con la corrupción son de tipo institucional. Y tienen que ver con la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información, la fiscalización de recursos y el establecimiento de incentivos que premien a quienes cumplen con la ley y castiguen a quienes se corrompan o busquen corromper, lo mismo en el sector privado que en el sector público.

Para ello, desde la siguiente legislatura seguiremos trabajando de la mano de ciudadanía, robusteciendo el Sistema Nacional Anticorrupción e impulsando iniciativas serias como la de quitar el fuero en todos los niveles, propuesta de José Antonio Meade.

Lo haremos alejados de mesianismos y cercanos a la sociedad.

¡Hasta la próxima!

*Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, AC.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.