¿Conviene privatizar? Depende…

Uno de los 10 puntos del Consenso de Washington (el documento que mejor representa los postulados del liberalismo económico a inicios de los 90) era privatizar empresas públicas. La mayoría de los países de América Latina, incluido México, atravesaba por un severo deterioro financiero, en gran medida por la losa que implicaba mantener empresas gordas y caras que producían poco y mal.

Sin embargo, en ninguna parte se explicó la importancia de la manera en que debe llevarse a cabo un proceso privatizador. No sorprende entonces que una de las críticas más fundadas sobre este decálogo haya sido la ausencia del aspecto institucional, lo que más de una década después reconoció el propio John Williamson, autor del Consenso (A Short History of the Washington Consensus, Barcelona, 2004).

Privatizar mal trae consigo efectos perversos. Si el proceso es corrupto o deficiente los activos pueden transferirse a una élite por sólo una fracción del valor; la eficiencia de todo un sector económico puede sacrificarse por el apetito inmediato recaudatorio o servicios públicos de vital importancia para la sociedad pueden ser transferidos a particulares sin que el Estado mantenga herramientas efectivas de supervisión y control que aseguren algunos elementos de interés público (tarifas justas, calidad, universalidad, continuidad, acceso a redes o infraestructura para los agentes competidores, etcétera). La evidencia empírica muestra claramente que los beneficios de la apertura y privatización han sido mayores donde se crearon -de origen- y consolidaron –en el tiempo- esquemas regulatorios creíbles, robustos y funcionales.

Las privatizaciones masivas en Rusia que siguieron a la caída de la Unión Soviética crearon mafias empresariales y oligarcas poderosos. De la noche a la mañana brotaron magnates que controlaban las finanzas, la industria, la energía y las telecomunicaciones.

Entre 1989 y 1995 el gobierno mexicano privatizó empresas de gran rentabilidad y fuerte poder de mercado, principalmente la industria siderúrgica, banca, aviación, minería, ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos. Todos sabemos que en muchos de estos sectores existen dos problemas: por una parte, anomalías de mercado, altos niveles de concentración económica y precarias condiciones de competencia y, por el otro, regulación e instituciones frágiles para corregir o mitigar esas fallas. Se privatizó primero y se pensó en regular después. Evidentemente, eso no funciona.

Sólo como ejemplo, Teléfonos de México fue privatizado en 1990, mientras que la Comisión Federal de Telecomunicaciones fue creada por Decreto Presidencial en 1996 y gozó de respaldo legal hasta el 2006. Los reguladores sectoriales y horizontales nacieron débiles y casi todos siguen igual (salvo el reciente reforzamiento de la Comisión Federal de Competencia). El Poder Judicial sigue tratando de entender la lógica de la regulación económica; vaya, es fecha que ni siquiera contamos con tribunales judiciales especializados.

En fin, es menester trabajar intensamente en una serie de ajustes que tuvieron que haberse hecho desde el inicio. Queda claro que los mercados maduros dependen de raíces institucionales profundas, por ahí deben concentrarse los esfuerzos de política pública.

Grecia recién aprobó un programa de saneamiento que, además del aumento a impuestos y recortes presupuestales, incluye un agresivo plan de privatizaciones, con la idea de recaudar alrededor de 50,000 millones de euros hacia el 2015.

La lista de activos incluye participaciones mayoritarias o minoritarias del gobierno griego en bancos, puertos, carreteras, aeropuertos, operadores ferroviarios, un par de suministradores de agua, un contratista de armamento y hasta el casino-monopolio del país.

Pero no es buena señal que el objetivo declarado se reduzca a levantar dinero, lo que ni siquiera está garantizado dado el estado de muchas de las empresas en cuestión (en cualquier caso, 50,000 millones de euros son poca cosa para tapar el hoyo). Lo que debe hacer el gobierno griego es empujar estas empresas hacia la competitividad, competencia y productividad, lo que requiere no únicamente privatizar sino también trabajar en variables institucionales sólidas. Los tiempos anunciados no parecen ser los adecuados para ese trabajo.

En México, la discusión es casi siempre ideológica. Para muchos la mera palabra privatización es pecado o en el mejor de los casos políticamente incorrecta, mientras que para otros resulta inadmisible que el Estado mantenga en su poder activos productivos. Ambas posturas están equivocadas. Los potenciales beneficios o perjuicios de una privatización dependen de un análisis casuístico que incluya el qué, pero sobre todo el cómo y el porqué. Tan válida podrá ser una conclusión de privatizar como una que indique no hacerlo.