Hace unos días se llevó a cabo una subasta más de arqueología precolonial americana. Esta vez en Múnich, Alemania, organizada por la casa de subastas Gerhard Hirsch Nachfolger. Casi al mismo tiempo, otra en la casa de subastas Bertolami Fine Ars, de Italia, y a principios del año una más en la casa Christie´s de Francia. Estos tres países son compromisarios de la Convención Unesco de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para impedir la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. El primer instrumento jurídico internacional para la protección de los bienes culturales en tiempos de paz.

Hoy Alemania es la incongruente. Hace un año, su Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, la Unesco, la Comisión Europea y el Consejo de Europa organizaron una conferencia internacional virtual sobre el multilateralismo, la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito. Esto en el marco de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Convención y del primer Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. El pasado miércoles inauguraron en Berlín las exposiciones de etnología y arte asiático del Humboldt Forum, abordando el tema de la restitución de obras obtenidas mediante saqueo durante la colonización germana en África.

Caso muy distinto es el de Italia, donde el gobierno suspendió la subasta de 17 piezas arqueológicas que México reclamaba a la casa de subastas Bertolami Fine Ars, con sede en Roma. Las piezas ya están bajo resguardo de la policía italiana, serán analizadas para constatar su procedencia ilícita y en su caso devueltas al gobierno mexicano.

¿Qué debemos hacer para frenar el tráfico y venta de este tipo de bienes culturales? Primero apelar al espíritu Unesco y solicitar congruencia a los países compromisarios, tanto de la Convención como del combate al tráfico ilícitos de estos bienes. Por ser una Convención “sobre las medidas” que deben adoptarse, tales como elaboración de inventarios nacionales, creación de unidades policiacas especializadas, control en la importación ilícita…es necesario seguir apelando a este espíritu. 

En segundo lugar, al Código Internacional de Ética para Marchantes de Bienes Culturales, adoptado por la Unesco en 1999, el cual conmina a los comerciantes profesionales de bienes culturales a abstenerse de transferir la propiedad de estos cuando tengan motivos razonables para creer que son o han sido exportados ilegalmente.

En tercer lugar, hablar fuerte y claro, a través de nuestra Misión Permanente ante Unesco, con el Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita. Organismo intergubernamental de asesoría y negociación (no ejerce una función judicial), que busca promover la cooperación y devolución de bienes.

En cuarto lugar, firmar el Convenio Unidroit, creado para subsanar las carencias de la Convención de 1970. A saber, que no es retroactiva, que no surte efecto directo en el derecho interno de los Estados y no involucra a agentes privados (casas de subastas), las cuales se escudan en la legislación donde se encuentra el bien cultural a subastar, por encima de la legislación de la cual proviene. En Unidroit los Estados se comprometen a dar un tratamiento uniforme a la restitución de objetos culturales robados o ilícitamente exportados, a proceder con las demandas directamente a través de tribunales nacionales  y  actuar bajo la premisa de que todo bien cultural robado debe ser restituido. Además, le conciernen todos los bienes culturales, no sólo los inventariados.

Finalmente, firmar convenios bilaterales de cooperación en esta materia y promover el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales los días 14 de noviembre, así como campañas permanentes mediante las embajadas, particularmente entre casas de subasta y coleccionistas, para concienciar sobre el daño y las consecuencias de este tipo de arqueofurtivismo con fines de lucro.