La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por voto unánime, dato relevante, la validez de la elección de Baja California en la que ganó Jaime Bonilla Valdez (1950), y reiteró que el periodo de su gobierno es de sólo dos años.

Bonilla, amigo personal del presidente López Obrador, después del resultado electoral trabajó para que el Congreso local decidiera, en contra de la Constitución, que su mandato se prolongara de dos a cinco años.

Un dirigente nacional de un partido me asegura que tiene pruebas de que sus diputados locales recibieron 200,000 dólares para votar a favor de esa iniciativa. Al final el Congreso decidió no publicar la ley ya aprobada.

Lo mismo ha hecho el nuevo Congreso, ahora bajo control de Morena, porque sabe que al momento de su publicación será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la va a declarar violatoria de la Constitución.

Todo indica que el mismo Bonilla, empresario de mucho dinero, compró los votos de los diputados de la oposición, para sacar adelante lo que se conoce como la ley Bonilla, que ya ha quedado descalificada por el TEPJF.

Bonilla no tomó la decisión de violar la Constitución para prolongar su mandato sin antes haberlo consultado con el presidente. Él, que opina de todos los temas y critica a todas las instituciones, siempre se ha negado a pronunciarse sobre esta violación de la Constitución, misma que juró defender y hacer valer.

A lo anterior se añade que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky (1958), nacida como Citlali Ibáñez, ha defendido de manera pública y abierta la violación de la Constitución como algo no sólo plausible, sino también valioso.

La negativa del presidente a condenar la violación de la Constitución en Baja California y la defensa apasionada de la misma por parte de la presidenta de Morena obligan a hacerse preguntas y plantear posibles explicaciones.

El comportamiento del presidente, Bonilla y Polevnsky revela que hubo un acuerdo previo para violar la Constitución. ¿Por qué? Lanzaron un globo sonda, para ver la reacción ciudadana, pero sobre todo con objeto de conocer cuál era la reacción del Poder Judicial.

Si la violación de la Constitución pasaba los diferentes filtros y se validaba, el presidente se hacía de un nuevo instrumento político y jurídico muy poderoso, que podría utilizar para prolongar el mandato de los gobernadores e incluso el suyo. No que de inmediato y necesariamente lo fuera a hacer. Era dotarse de esa posibilidad.

Esos tres actores en la relación costo-beneficio decidieron que atentar contra las instituciones y asumir el desgaste que necesariamente iban a provocarles valía la pena, y optaron por pagar los costos financieros, políticos y de imagen. El TEPJF ha dejado claro que no hay lugar para la interpretación, el mandato de Bonilla es sólo por dos años, el cual asume el 1 de noviembre.

Rubén Aguilar

Asesor Político

Convicciones

Licenciado en filosofía, maestro en sociología y doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana (Campus Santa Fe, México). Tiene estudios de comunicación en el ITESO (Guadalajara, Jalisco) y de desarrollo institucional en el INODEP (París, Francia). De 1966 a 1979 estuvo en la Compañía de Jesús.