La basura ahoga al mundo moderno, a océanos, cauces de ríos, lagos y estuarios, derechos de vía de carreteras, calles, parques, cañadas y playas. Se requiere de una enorme capacidad de aseo y recolección para contenerla, y de masivas infraestructuras de disposición final para ocultarla de nuestra vista (rellenos sanitarios). Todos los días crece su volumen y sus impactos a bienes públicos esenciales, como son el paisaje, espacios públicos, ecosistemas, especies, suelos, aguas, y salud pública. Se le debe tomar muy en serio, e interpretarla como lo que es: una falla del mercado (externalidad) en donde circuitos de producción y consumo que deberían cerrarse quedan abiertos por la ausencia de señales económicas (precios) adecuadas, así como de regulaciones eficaces. Sin ellas, las empresas no asumen responsabilidades sobre el ciclo de vida completo de sus productos; tampoco adoptan modalidades sostenibles de producción, comercialización y consumo, ni materiales de envase, empaque y embalaje capaces de ser recolectados y reinsertados en cadenas económicas, o dispuestos de manera segura y ambientalmente eficiente. No se inducen suficientes actividades de recolección y selección, ni mercados de materiales secundarios que puedan sustituir a los de materias primas vírgenes. Mientras los materiales vírgenes tengan mayor disponibilidad y menores costos que los materiales secundarios o reciclados será muy difícil o imposible cerrar los circuitos de producción y consumo. Tampoco se aprovecha para la generación de electricidad el importante contenido energético que poseen diversos tipos de basuras o residuos, por problemas de acopio y selección, y falta de inversión en Asociaciones Público Privadas. A todo ello hay que sumar la debilidad institucional intrínseca de la mayor parte de los municipios (en el caso de México), que les impide ejercer a cabalidad las facultades que la Constitución les confiere en el Artículo 115 en materia de manejo de residuos.

Atajar la basura antes de que llegue a los mares y a otros espacios públicos vitales; cerrar circuitos de producción y consumo; resolver fallas de mercado y externalidades, y mitigar y evitar sus impactos ambientales exigen una acción colectiva eficaz, con un liderazgo gubernamental, a través del diseño y aplicación de instrumentos de política eficientes y específicos al problema. El cierre de circuitos de producción y consumo significa poner en marcha verdaderos procesos de economía circular, flujo arriba en las cadenas de valor de productos y servicios, hacia una economía industrial restaurativa y regenerativa mediante rediseño de productos, mantenimiento, reparación, reuso, remanufactura, reacondicionamiento y reciclaje.

Se requiere una batería de instrumentos de política que abarcarían prohibiciones de ciertos materiales —por ejemplo, plásticos de un solo uso de difícil acopio y reciclaje— al igual que cobros significativos de derechos por tonelada de residuos depositados en rellenos sanitarios. Obvio, esto demanda vigilancia y aplicación de la ley eficaces para impedir tiraderos clandestinos. Desde luego, se requieren impuestos a envases, empaques y embalajes no reciclados ni fácilmente reciclables, y pagos financiados con aportaciones de empresas manufactureras o importadoras al acopio de materiales. Recordemos que, por ejemplo, el valor del aluminio (y en menor medida el PET, cartón y vidrio) hace que estos materiales se reciclen de manera autónoma, mientras que el Tetra Pak, el polipropileno, polietileno de baja y alta densidad y materiales compuestos metalizados no tienen valor ni mercado, por lo que virtualmente no son reciclados. Lo anterior implica un mecanismo similar al punto verde que funciona en Alemania y otros países. Complemento indispensable serían Alianzas Público Privadas para la construcción y operación de plantas de termovalorización o de generación de electricidad con las basuras residuales orgánicas e inorgánicas.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.