Apenas era un rozón, un obús sin gran carga explosiva. Pero, nuevamente, Josefina Vázquez Mota afrontó de manera equivocada el problema de comunicación generado por la revelación de que su hermana Margarita Silvia se desempeña como mando medio en la Procuraduría General de la República.

Esa historia, cuyo primer capítulo apenas se escribió, está lejos de concluir... Por culpa de las malas decisiones de los asesores de la candidata panista. La supuesta renuncia de la funcionaria calderonista -aún ayer figuraba en el organigrama de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra)- servirá de muy poco. Y si no se apuran, la meterá en más líos.

Los puyazos iniciales -la PGR habría infringido la normatividad para otorgarle su nombramiento como Coordinadora de Formación y Políticas Públicas de la Fevimtra- podrían haber iniciado una sangría difícil de detener.

Con su renuncia no puede darse por concluida la polémica. Antes, la hermana menor de Vázquez Mota tendría que responder interrogantes y cuestionamientos. Y no sólo ante los medios, también ante las autoridades.

De entrada, los más obvios. Si -como argumenta- completó los ocho semestres de una licenciatura en la Escuela de Diseño del INBA, ¿por qué no ha podido titularse, después de casi tres décadas? Un misterio casi tan grande como su inverosímil historia laboral, que -de ser ciertos los datos que constan en los registros públicos- comenzó en 1995, a la friolera de los 33 años, como Gerente Administrativo de Pinturas y Derivados del Caribe, una empresa del emporio familiar.

Desde entonces y durante una década, cambiaría su residencia a Cancún, Quintana Roo. En aquella entidad y otras del sureste, abrió dos bodegas y 22 expendios de pinturas. En el 2000 se anotó su mayor éxito: la apertura de Practicaribe, otra compañía de la familia, dedicada a la comercialización de plafones y otros materiales de construcción.

La estrella de la familia era Pina, quien se había postulado como candidata a Diputada federal y para finales de ese año estaría despachando en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del cambio , que encabezaba Vicente Fox Quesada.

En teoría, la distancia geográfica evitaría cualquier conflicto de interés. Pero Margarita se involucró en algunas tareas de asistencia social después del paso de los huracanes y en la primavera del 2004 terminó aceptando la invitación de Carmen Rubí Peniche Cárdenas, esposa del alcalde electo de Cancún, el priísta Francisco Alor Quesada. En aquella época su salario era de 211,000 pesos anuales.

Al concluir el trienio, Vázquez Mota regresó al DF. Y en atención a la recomendación de Antonio Sánchez Díaz de Rivera, se integró a la estructura de la Fundación Nemi, una ONG que opera desde hace 15 años para promover y fomentar el mejoramiento de las condiciones de subsistencia y desarrollo de comunidades indígenas y grupos vulnerables.

Sin fines de lucro, la Fundación Nemi obtuvo un cúmulo de donativos de corporativos como Bimbo y Nestlé, además de apoyos gubernamentales que se incrementaron con el ascenso de Pina en el gabinete federal.

En el 2008, cuando Margarita estaba a punto de brincar a su primera experiencia como funcionaria federal, la Fundación Nemi obtuvo un donativo de 10.5 millones de pesos, para impartir 5,000 talleres de concientización, enfocados principalmente a jóvenes. El presupuesto consideraba una pequeña partida para la filmación de varios cortometrajes.

A finales de ese año, la hermana de la candidata saltó a la PGR. En los archivos de la Oficialía Mayor es posible encontrar copia del contrato de prestación de servicios profesionales que autorizó la Dirección de Administración y Control de Personal. En ese periodo, recibió un pago de 143,670 pesos. De conformidad con ese contrato, debía cobrar 47,890 cada mes, por concepto de salarios. Y quedó adscrita a la oficina del Procurador.

Para el siguiente año -ejercicio fiscal 2009- los emolumentos de Vázquez Mota ascendieron a 550,735 pesos. Ni el contrato ni el salario estipulado sufrieron modificaciones.

Su ingreso parecía justificado. En esa época, como coordinador de los centros de atención a víctimas fungía el abogado duranguense Bonifacio Herrera Rivera (tenía un contrato anual de prestación de servicios por más de 1.3 millones de pesos), pero fue nominado por el PAN como candidato a diputado, por la vía plurinominal, en el 2009. Actualmente, se desempeña como vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

Ese programa fue adscrito a la Subprocuraduría que tenía entonces otro distinguido abogado duranguense, Juan de Dios Castro Lozano.

En la PGR se libraba una batalla interna. Eduardo Medina-Mora, el primer procurador del sexenio, había salido a Londres para hacerse cargo de la Embajada de México ante Reino Unido. En su lugar había quedado el abogado chihuahuense Arturo Chávez Chávez, quien ordenó una limpia .

Muchos de los colaboradores cercanos al diplomático -entre ellos Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien se encargaba del programa de atención a víctimas- tuvieron que buscar otro trabajo.

Lo más extraño, en el caso de la hermana de Vázquez Mota, es que cuando la dieron de alta en la PGR, como asistente en las áreas técnicas , el 31 de mayo del 2009, su dirección, teléfono y su correo electrónico eran los de la Fundación Nemi. Tenía una camioneta Chevrolet Venture que le regalaron. Además, un Chevy Corsa que adquirió en el 2003, tras pagar 40,000 pesos de contado. Y 95,000 pesos de adeudo en tarjetas de crédito.

Queda abierto el capítulo de las relaciones -buenas y malas- de la candidata presidencial con otros políticos y empresarios. También, los de sus padres y sus demás hermanos.