Ni la fallida reforma laboral ni la tan cacareada reforma política. La Ley de Seguridad Nacional atrajo la atención de la opinión pública por las ominosas implicaciones que generaría su aplicación, si es en los términos que se ha procesado en comisiones, y cuya presentación al pleno de la Cámara de Diputados es inminente.

Por la vía de la minuta, generada con anterioridad a los llamados Diálogos por la Seguridad promovidos por el Ejecutivo federal, esta nueva legislación llegó a la Cámara de Diputados con la intención de ser aprobada por la mayoría priísta. Los legisladores de los partidos de izquierda, por el contrario, rechazan este albazo legislativo, que no sólo se reflejaría en una votación fast track, sino también por la alteración del proyecto aprobado en el Senado de la República

El PAN, sin ignorar la demanda del presidente Felipe Calderón de dotar de un marco de certeza jurídica y legitimidad democrática a la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, ha planteado serios cuestionamientos a los contenidos de la nueva legislación.

La propuesta del Ejecutivo federal había sido corregida por los senadores, con la intención de apegarse al texto constitucional y establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad nacional.

Inédita, la nueva legislación tuvo que dar nombre a lo intangible. Así, se definió que la seguridad nacional es una función estatal a cargo del Poder Ejecutivo, que toda contingencia o proximidad de un daño o circunstancia que pueda afectar, parcial o totalmente al territorio o población nacional debe ser considerado un riesgo y que los actos que por sus características afectan, total o parcialmente, la seguridad nacional son una amenaza .

De igual forma se determinó la generación de una agenda nacional de riesgos y amenazas y la creación de un sistema de seguridad nacional, cuya coordinación quedaría en manos del Secretario de Gobernación, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.

Un rol central en este nuevo esquema lo tendría el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas permanentes -el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- y las Fuerzas Federales -compuestas por la Policía Federal, la Policía Ministerial y la fuerza armada permanente - estarían encargadas de las tareas de campo.

El personal de esas instancias quedaría obligado a guardar secreto y confidencialidad de la información a la que tuviera acceso, además de lo que se denominaría como información gubernamental confidencial , que serían todos aquellos datos personales otorgados a una instancia por los servidores públicos, así como los datos personales proporcionados al Estado mexicano por los ciudadanos para determinar o prevenir una amenaza a la seguridad nacional.

También quedaría bajo reserva aquella información producto del intercambio de inteligencia con servicios homólogos extranjeros y que haya sido transmitida al gobierno federal con un nivel de clasificación equivalente al de la información confidencial o reservada.

¿Antídoto contra filtraciones o WikiLeaks? A saber, pero en esas conceptualizaciones no está la peor parte, sino en otros campos que -para muchos- resultan atentatorios de los derechos civiles y violatorios de los convenios internacionales firmados por el Estado mexicano.

Las principales preocupaciones y dudas se concentran en la competencia del Estado mexicano para actuar contra los responsables de los actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia o de los tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégica o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos .

Todos aquellos -ciudadanos o empresas- que discrecionalmente sean considerados como sospechosos de querer afectar la seguridad interior serán perseguidos. Igualmente todas las compañías que provean o presten servicios de comunicación de cualquier tipo quedarán obligadas a conceder todas las facilidades para la intervención de comunicaciones privadas y la entrega de los datos conservados, so pena de severas sanciones en caso de incumplimiento.

El rubro más delicado, sin duda, se refiere a los elementos para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y que algunos creen constituye una forma velada de dotar a las fuerzas del orden de competencias ilimitadas, sin la necesidad de declarar un estado de excepción.

En estas materias, no importa la ruta, sino la consecuencia. Y por eso es fundamental que -en dado caso- queden delimitadas las formas de establecer la magnitud de la afectación a la seguridad interior; su temporalidad, su ámbito de actuación geográfica y su alcance material.

Por lo mismo, no debe proceder la declaratoria de afectación a la seguridad interior, cuando la solicitud tenga su origen o causa en el cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social.