Las negociaciones de un nuevo TLCAN (NAFTA, por su sigla en inglés) han llegado a un punto crucial y al gobierno de Peña se le agotó el tiempo. Quemó sus naves apostando a que nada pasaría, ignorando en el acto los hechos decisivos notados por la administración Trump: Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 70,000 millones de dólares, más de 90% del cual es responsable el sector automotriz. La industria del auto en México (IAM) se apoya en salarios ridículamente bajos para —en una industria de alta tecnología— atraer inversiones y empleos que Estados Unidos sufre como drenaje de recursos.

La realidad es innegable. Los trabajadores de la IAM terminal, de acuerdo con estudios del autor, recibieron como pago 2.3 dólares en promedio por hora (no 7 ni 8 como dicen las versiones oficiales) al cierre del 2017; menos de 90% que sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, quienes recibieron 27 dólares en promedio por hora. Con prestaciones, la comparación es peor. Los mexicanos ganaron 2.9 dólares por alrededor de 40 de sus vecinos. Más aún, las empresas proveedoras de partes y componentes automotrices de niveles 1 y 2 de la cadena de valor pagan la mitad de aquella cifra; las de niveles 3 y 4, un tercio. Así, un trabajador de ésta, la industria más pujante del país —la misma que en otros países sirve como escalera de ascenso social para sus empleados—, puede llegar a recibir apenas poco más del salario mínimo y hasta tres en el mejor de los casos (promedio).

Frente a ello, en lugar de aprovechar para proponer alguna iniciativa substantiva, los representantes mexicanos decidieron jugar a mantener un tratado con los mismos términos de referencia básicos con los que se negoció hace más de dos décadas e ignorar de nuevo la parte laboral, ambiental y de flujo de personas.

México podía haber propuesto compensaciones salariales distribuidas en el tiempo y ancladas a la productividad. Soporte existía para ello, pues la productividad del trabajo en el subsector terminal ha crecido a tasas de 5 a 7% en la última década, mientras los salarios han caído 4% promedio al año en el mismo lapso. Más aún, México podría haber propuesto esquemas para elevar la competitividad de la industria en la región entera basados en la creación de competencias científicas y complementariedades tecnológicas.

Así, la propuesta la han formulado los negociadores de Trump. Lo substancial: elevar la regla de contenido de origen de 62.5% actual hasta un techo superior de 75%, con un plazo de gracia de tres años prorrateado por tipo de productos, divididos entre centrales, principales y complementarios. Establecer que 30% de cada vehículo debe generarse en un país donde los trabajadores ganen más de la media salarial de la industria para la región norteamericana. Esto es un salario medio de 15 a 16 USD por hora.

¿Podrá sobrevivir NAFTA ante estas propuestas? Difícilmente, pero no es imposible. El problema ahora está del lado mexicano y la desventaja empieza con que el gobierno de Peña perdió la oportunidad de proponer. Para continuar, se asoma de nuevo la posibilidad de un NAFTA sin México. Estados Unidos y Canadá pueden imaginar un tratado con esas reglas de origen y esos contenidos laborales, donde México, dada su postura, aparecería como autoexcluido. Ellos, bajo ese marco, podrían evolucionar hacia la producción y el comercio de vehículos y componentes de mayor valor agregado, donde sus empresas tienen alguna ventaja o laborarían bajo mercados protegidos y con los fuertes estímulos fiscales que Trump les está otorgando. Abandonarían el mercado de vehículos compactos, con motores de petróleo y trayectorias tecnológicas del siglo pasado que son en las que se ha especializado México y cuyo futuro es la comoditización.

¿Se puede modernizar NAFTA con México? Queda un leve resquicio. Pero la única posibilidad de cruzarlo se ha trasladado a lo que pueda proponer el futuro gobierno del país.