Acto final

López Obrador termina su sexenio como lo empezó: como “chivo en cristalería” destruyendo todo a su paso. Su acto final es el asesinato de la democracia a partir de las reformas constitucionales que propuso y que sus serviles y abyectos legisladores están dispuestos a aprobar sin medir las consecuencias económicas que tal destrucción acarreará, principalmente en inversión, crecimiento, empleo y finanzas públicas. Ahora que el INE (y casi seguro el Trife), capturados por el poder político y violando la Constitución, decidieron cancelar su imparcialidad y les otorgaron a Morena y a las rémoras que lo acompañan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados la destrucción está asegurada, a menos que sea detenida en el Senado.

La destrucción del Poder Judicial, tanto el federal como los estatales, la desaparición de los órganos autónomos del Estado mexicano (INE, Inai, IFT, Cofece y Coneval), así como la de los dos órganos reguladores del sector energético (CRE y CNH), la reforma del Congreso que elimina los diputados y senadores plurinominales y los senadores de primera minoría significan la muerte de la democracia y el renacimiento de un sistema autocrático que incluye la cancelación de la libertad política, la eliminación de todo contrapeso a las arbitrarias decisiones del autócrata en turno, una carte blanche para el ejercicio opaco y corrupto del gasto público, la alta probabilidad de que intereses privados que busquen un trato privilegiado como sería una posición de dominancia en el mercado o en el caso extremo un monopolio capturen a los reguladores y, finalmente, una menor libertad económica que disminuirá el potencial de crecimiento y desarrollo de la economía.

López termina su gobierno dentro de 34 días y parece estar dispuesto a sabotear a su sucesora heredándole un arreglo institucional que, en el mejor de los casos, le complicará su sexenio. Le está dejando en las manos varias bombas con las mechas encendidas, las cuales posiblemente estallen. Destacan dos de estas bombas: las violaciones al T-MEC y otros tratados internacionales y la sostenibilidad de las finanzas públicas (tema del próximo artículo).

Las reformas constitucionales que seguramente serán aprobadas (salvo que sean bloqueadas en el Senado) constituyen serias violaciones al T-MEC. En primer lugar, en el capítulo 29 del tratado se estable que “cada parte establecerá o mantendrá tribunales o procesos judiciales. Estos tribunales serán imparciales e independientes”. Claramente la reforma judicial que se quiere instrumentar elimina la independencia del Poder Judicial y, consecuentemente, su imparcialidad. La reforma elimina una de las principales funciones del poder judicial que es proteger a los privados de actos de gobierno que atenten contra sus derechos y su libertad, lo que le permitiría al gobierno tomar decisiones que atenten en contra de los derechos privados de propiedad, tanto nacional como extranjera.

En segundo lugar, la desaparición del IFT y trasladar sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones viola el T-MEC (así como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) que establecen que el Estado mexicano tendrá un órgano autónomo del Poder Ejecutivo independiente en sus decisiones y funcionamiento encargado de regular las telecomunicaciones

En la misma línea, la desaparición de la Cofece viola ambos tratados, ya que en estos se establece que se tenga una autoridad de competencia encargada de que se aplique imparcialmente y con debido proceso la ley en la materia. Eliminar la Cofece y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Economía, al existir la probabilidad de ser capturados, no garantiza la imparcialidad.

De la misma manera, el tratado norteamericano establece que los reguladores en materia de energía no darán trato preferencial a las empresas del Estado. Eliminar la CRE y la CNH y traspasar sus funciones a la Secretaría de Energía no permiten asegurar trato parejo para los participantes gubernamentales y privados, más aún cuando una de las propuestas de reforma constitucional, que también viola el tratado, implica favorecer explícitamente a Pemex y a CFE.

Estas violaciones al T-MEC más las que se dan con las restricciones constitucionales propuestas al uso de gilofosfato y la minería a cielo abierto ponen en peligro la continuación del tratado sobre todo al considerar el entorno político estadounidense, en particular la elección de su próximo presidente. Harris, siendo senadora, votó en contra de la ratificación del T-MEC, mientras que Trump ha mostrado una y otra vez su desprecio por las leyes y por el mismo tratado y amenaza con instrumentar una política comercial proteccionista que por sí misma lo violaría. Además, hay que considerar que en el 2026 habrá una revisión integral tripartita del tratado y las reformas constitucionales que lo violan ponen en serio peligro su continuidad. A López todo esto no parece importarle, por lo que con tal de que sus reformas se aprueben por parte de unos legisladores abyectos, ignorantes e irresponsables está dispuesto a poner en peligro el T-MEC.

La pregunta es si Sheinbaum –que, como él, se opuso al TLCAN cuando se negoció y firmó– esté también dispuesta a sacrificarlo con tal de acumular y ejercer un poder político sin limitaciones, dispuesta a matar la principal fuente de modernización y crecimiento de la economía durante las últimas tres décadas. De ser así, México no sólo no crecería, sino que inclusive, por la destrucción del comercio y el desplome de la inversión nacional y extranjera, el PIB por habitante experimentaría una continua caída. Sacrificar el tratado para consolidar el poder político no sería suicida, sería homicidio, sería el acto final.

X: @econoclasta