Acabar con la “ciencia neoliberal”

Mientras la atención estaba enfocada en la votación en el Senado para aprobar la legislación que finalmente puso a México en un peligroso sendero de desdemocratización, sigilosamente entró a la Cámara de Diputados, un día antes de finalizar el periodo legislativo, una iniciativa de reforma legal para desaparecer al CONACYT y sustituirlo por un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Con ello continúa la destrucción del Presidente de las instituciones existentes para sustituirlas por entidades bajo el control absoluto del gobierno. Como se lee en la exposición de motivos, “administraciones federales anteriores incrementaron las inversiones en el sector privado para impulsar la competitividad de las empresas, a través de la imposición de criterios elitistas y la renuncia a que el Estado conserve la innovación como un bien público”. Así el objetivo de esta reforma es la centralización gubernamental de las decisiones y el manejo absoluto de la política pública en ciencia, tecnología, innovación y humanidades.

Desde que asumió la dirección general del CONACYT, Maria Elena Álvarez Buyllá denunció que el CONACYT no iba a defender a la “ciencia neoliberal”, un disparate total. Centros de investigación, académicos, investigadores y becarios han estado bajo un constante hostigamiento y recorte discrecional de fondos. Recuérdese a las decenas de investigadores que fueron demandados por el CONACYT por supuesta malversación de los fondos recibidos en forma de becas y apoyos. Ahora la iniciativa señala que va a priorizar la disposición de recursos a personas y ya no a entidades privadas para evitar intermediarios y no favorecer la corrupción.    

El documento contiene afirmaciones demagógicas como que “el CONACYT ha reorientado la política pública que le corresponde para superar el lastre del periodo neoliberal y volcar las capacidades nacionales en la materia en favor del pueblo de México”.

La propuesta elimina la representación del sector académico y privado dentro del organismo. Con ello, quedaría excluido el voto de los representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de dos investigadores en funciones del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y de dos representantes del sector empresarial. Únicamente quedarían representantes de las secretarías de Estado.

Esta reforma representaría un retroceso para el aís en momentos en que el mundo se transforma avanzando hacia una sociedad del conocimiento. Ese avance requiere la cooperación entre entidades públicas, académicas y las empresas y demanda un acceso universal al desarrollo científico, tecnológico y humanístico y a la educación de calidad. La iniciativa compromete el potencial innovador del país y, al final de cuentas, el bienestar de la población. 

Se prevé que esta iniciativa de ley general sea discutida y dictaminada en marzo en comisiones de Diputados. Un grave daño institucional más al acecho. Seguramente los diputados de Morena ni leerán la propuesta y la aprobarán ciegamente. ¿Cómo defendernos ante un atropello legislativo más? ¡En las urnas, en 2024!

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