El gobierno de Argentina, encabezado por Mauricio Macri, anunció el viernes pasado un alza promedio en las tarifas de gas de 24% a nivel nacional, con el fin de recortar amplios subsidios sobre los servicios públicos, en la continuación de una medida impulsada por el Gobierno hace más de un año, cuando fue frenada por orden de la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Gobierno a llevar adelante las audiencias publicas para escuchar las voces que se oponían al aumento de tarifas.

Tras el anuncio, el diario Cronista publicó este fin de semana que un fiscal federal pidió a la autoridad judicial abrir una investigación contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren para determinar si el aumento de tarifas en el servicio del gas del año pasado buscó favorecer a empresarios del rubro energético, entre los cuales estaba Nicolás Caputo, socio y amigo del presidente Macri.

El fiscal Franco Picardi pidió al juez Sebastián Casanello abrir la investigación que promovió la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez. La investigación apunta a determinar si el incremento tarifario de gas implicó un fraude al Estado o bien pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos.

Según fuentes judiciales, los fiscales de la PIA habían hecho el año pasado una presentación para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas.

La orientación de la investigación penal surgió de notas periodísticas que señalaban que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto; y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras.

Según la PIA, el incremento tarifario de por sí implicó una mejora en la ecuación económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro. Los investigadores de la Procuraduría también mantuvieron sospechas porque ese aumento se hizo sin que mediara una audiencia pública, lo cual sostuvieron no fue un simple "error técnico".

El Gobierno realizó una audiencia pública el 10 de marzo para definir el porcentaje de incremento de tarifas del gas que comenzará a regir en abril y durante seis meses.

En agosto del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Argentina frenó el incremento en las tarifas de gas residencial ante protestas de los usuarios.

Las alzas en las tarifas de servicios públicos dispuestas por Mauricio Macri, a poco después de asumir en diciembre de 2015, representaron para algunos argentinos grandes incrementos difíciles de cubrir, en medio de una economía que le cuesta reactivarse y con alta inflación.