El reciente fallo de la FCC y el Senado de Estados Unidos con el que revocan las disposiciones sobre la neutralidad de la red emitidas por el gobierno de Barack Obama en el 2015 atentan contra el derecho humano de acceso a internet, así como contra las libertades de expresión, de acceso a la información y a la privacidad de los ciudadanos.

El enfoque empleado por el gobierno de Donald Trump deja de considerar el acceso a internet como un servicio básico que se garantiza a los ciudadanos, como lo son el suministro de agua y electricidad. Con la revocación de las disposiciones a favor de la neutralidad de la red en Estados Unidos, los Proveedores de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) volverá a clasificarse como prestadores de "servicios de información" en lugar de "servicios públicos", con lo que se reducen las atribuciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) como autoridad reguladora.

Las nuevas disposiciones benefician a las ISP, permitiendo un modelo de internet de dos velocidades, en el que estas empresas podrán decidir a discrecionalidad qué contenidos privilegiar situándolos en el carril de alta velocidad, y perjudicando a los no favorecidos con bajas de velocidades en el acceso a sus contenidos, o denegando el servicio. Todo bajo el argumento de alentar así la inversión en el sector.

El argumento empleado tanto por la FCC como por los senadores republicanos fue que las disposiciones del gobierno de Barack Obama que garantizaban a los ciudadanos la neutralidad de la red desincentivaron la inversión en innovación y desarrollo por parte de las ISP. Lo revocación de de la neutralidad de la red fue impulsada, y luego de su aprobación aplaudida, por las empresas Comcast, AT&T y Verizon, proveedores de servicios de internet. El presidente de la FCC, Ajit Pai, designado en el puesto por el gobierno de Donald Trump, fue antes empleado de Verizon, dato que abre a la cuestión legítima de si podría existir o no un conflicto de interés.

Otra consecuencia de la revocación es que los ISP podrán imponer a sus clientes cuotas diferenciadas para poder usar servicios que requieren de alto ancho de banda, como son los de video bajo demanda. Muchos de estos proveedores de internet son al mismo tiempo generadores de contenidos. De esta forma podrán dar acceso de sin costo a, por ejemplo, sus servicios de video bajo demanda, y en cambio cobrar una tarifa alta por usar el del que es ahora el servicio más popular: Netflix.

Pero más importante que la disponibilidad y acceso a servicio de entretenimiento, es que el acceso a internet para personas de bajos recursos peligra. Directores de las bibliotecas públicas de Nueva York, Brooklyn y Queens publicaron un artículo de opinión, un día antes de la votación en el Senado de Estados Unidos, en el que dan cuenta de las estrategias llevadas a cabo para reducir la brecha digital, y garantizar el acceso a la información y el conocimiento que posibilita la red de redes.

La biblioteca pública es la institución cívica más visitada en Nueva York, pues el sistema de bibliotecas da acceso gratuito a internet a través de 4,700 computadoras, además de brindar acceso inalámbrico a la red. De esta forma, garantizan el derecho al acceso a la información de 2 millones de neoyorquinos que no cuentan con el servicio ni con los medios para adquirirlo. En el artículo publicado en The Verge, los bibliotecarios expresan su preocupación por que el acceso a internet de la red de bibliotecas sea puesto en el carril de baja velocidad al no poder pagar las tarifas impuestas por acceder a la banda ancha. El acceso a internet que otorgan las bibliotecas es un elemento importante en la movilidad social, al permitir a los estudiantes el acceso al conocimiento, y con ello a las oportunidades de mejora social.

En un documento fechado el 16 de mayo del 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a internet como un derecho humano. “Internet es uno de los instrumentos más poderosos del siglo XXI para aumentar la transparencia en la conducción de los poderosos, el acceso a la información, y para facilitar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades democráticas”, se puede leer en el documento. El consagrar el acceso a internet como derecho humano promueve y protege a su vez los derechos a la libertad de opinión y expresión.

La administración de Donald Trump, al acabar con la neutralidad de la red, reduce su ámbito de acción al mercado, renunciando a ser un garante de los derechos ciudadanos. Deja de lado el modelo de la red como un servicio público, con el que el derecho a la información y la libre expresión se privilegian para crear bienestar entre los ciudadanos, y se vuelve al esquema en que internet es visto como un bien de consumo, en el cual lo importante son las ganancias de las empresas que proveen el recurso por encima de cualquier otra consideración.

Pero aún así Ajit Pai, presidente de la FCC, utilizó argumentos falaces para justificar esta medida que favorece sólo a las empresas. En su campaña a favor de terminar con la neutralidad de la red, Pai esgrimió, al igual que los senadores republicanos que votaron a favor de la revocación de la neutralidad, dijo que las iniciativas de la administración Obama en la materia desincentivaron la inversión en el sector, y que el proyecto que él impulsaba tendría el efecto contrario. Un estudio realizado por Freepress.net indica todo lo contrario. Las ISP recibieron una histórica inversión en el periodo que va del 2015 al 2017. Comcast, por ejemplo, en el bienio 2013-2014 tuvo una inyección de capital de 11,559 millones de dólares; para el bienio 2015-2016, la inversión fue de 14,636 millones de dólares, 26.6% más que en el bienio anterior. Incluso Verizon, empresa para la que fue abogado Ajit Pai, tuvo un incremento en la inversión. El bienio 2013-2014 tuvo una inversión de 33,795 millones de dólares; para el bienio siguiente, las inversiones totalizaron 34,834 millones de dólares, un crecimiento de 3.1 por ciento.

La inversión interbianual de los Proveedores de Internet en Estados Unidos creció 5.3% para todo el sector del periodo 2013-2014 con respecto al del 2015-2016. La inversión nunca se vio desincentivada. ¿Será que la codicia empresarial se vio favorecida por el gobierno de Trump, en perjuicio de los derechos ciudadanos?

erp