Barcelona. El Tribunal Supremo español dictaminó que nueve líderes separatistas catalanes deberán ir a la cárcel de nueve a 13 años por su rol en un fallido intento de independencia, una decisión que provocó protestas en la región y abrió nuevamente la incertidumbre en torno a la disputa.

El aeropuerto internacional de Barcelona se convirtió en el punto central de las protestas. Mientras miles se reunían en la entrada de la terminal, la policía antidisturbios dispersó a la multitud con porras para evitar una entrada masiva, dijo un vocero de la fuerza.

En medio del caos en el aeropuerto, 67 vuelos fueron cancelados y otros se retrasaron. En la ciudad de Girona, un bastión separatista, se quemaron llantas  en las vías férreas, impidiendo el paso de los trenes de alta velocidad que unen Barcelona y Francia. Además, las carreteras fueron bloqueadas en varias zonas de la región.

La magnitud de las protestas podría ser la primera señal de cómo será el futuro de la lucha por la independencia, que hasta ahora ha sido en gran medida pacífica.

La mayor condena, de 13 años, fue impuesta al exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras. El tribunal lo condenó a él y a otros ocho líderes regionales por cargos de sedición, y a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos.

La voz de los jueces

“Lo sucedido el 1 de octubre no fue sólo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. De haber sido el caso, no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados”, refirió el Tribunal Supremo en su veredicto, emitido por escrito y no en una sesión pública.

En su sentencia, los jueces descartaron la acusación de rebelión, porque aunque quedó “probada la existencia de violencia”, ésta careció de “funcionalidad”, convirtiendo el propósito independentista “en una mera quimera”.

Los 12 fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre del 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal —marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo—, y por la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una efímera “República catalana”.

Esos hechos significaron la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

“No es justicia, es una venganza”, denunciaron en un comunicado común los nueve independentistas condenados a penas de cárcel.