La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que un estatuto de inmigración que exige la deportación de personas sin ciudadanía que delinquieron es ilegalmente vago, en una decisión que podría limitar la capacidad del gobierno de Donald Trump de acelerar la salida de inmigrantes con historial delictivo.

En una votación 5-4, el tribunal respaldó a James Garcia Dimaya, un inmigrante legal de Filipinas que fue condenado por robo en California. En la votación, el magistrado conservador Neil Gorsuch, que fue nombrado por Trump, se sumó a sus cuatro colegas liberales.

La corte mantuvo un dictamen de 2015 de un tribunal menor que indicó que una provisión de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que exigía la deportación de Dimaya creó incertidumbre sobre qué delitos pueden ser considerados violentos, arriesgando un cumplimiento arbitrario en violación con la Constitución.

El dictamen ayuda a clarificar los actos criminales por los que pueden ser expulsados los inmigrantes legales en un momento de intenso foco sobre asuntos migratorios en Estados Unidos, mientras Trump intenta incrementar las deportaciones de inmigrantes que han cometido delitos.

"Las leyes vagas invitan al poder arbitrario", escribió Gorsuch en una opinión concurrente, mencionando que las colonias americanas en el siglo XVIII se refirieron a la vaguedad de las leyes inglesas como una de las razones para alzarse en revolución.

"Puede que la leyes vagas no sean tan ofensivas hoy, pero pueden invitar igualmente al ejercicio del poder arbitrario al dejar a la gente a oscuras sobre los requisitos de la ley, y al permitir que fiscales y cortes decidan", agregó Gorsuch.

Dimaya llegó a Estados Unidos desde Filipinas como residente legal permanente en 1992, con 13 años, y vivía en la zona de la Bahía de San Francisco. Las autoridades federales ordenaron su deportación por dos robos en casas en 2007 y 2009, aunque ninguno fue con violencia. 

erp