Caracas.- La Asamblea Nacional aprobó la expropiación ``por causa de utilidad pública'' de los once taladros de la estadounidense Helmerich y Payne (H&P) que estaban paralizados desde hace varios meses debido a una deuda millonaria que mantiene Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), informó el martes la agencia estatal de noticias.

La decisión del congreso, que es controlado en su mayoría por aliados del gobierno, le abre el camino a PDVSA para asumir el control de los once taladros que tiene H&P en los estados de Monagas, Anzoátegui y Zulia.

La Asamblea Nacional sostuvo que los equipos `` han permanecido ociosas durante varios meses dejando de producir 300.000 barriles de crudo diarios'', indicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El diputado oficialista Jesús Graterol justificó la expropiación señalando que ``esta empresa (H&P) se ha negado a discutir el contrato de tarifas de servicios con PDVSA'', según reseñó AVN.

Graterol indicó que el gobierno considera que existe una ``evidente intención de sabotaje para afectar nuestra producción petrolera y las inversiones que se requieren en el país''.

PDVSA defendió el lunes en un comunicado la expropiación de los activos de la firma estadounidense, y sostuvo que ``a pesar de haberse efectuado durante casi un año una serie de reuniones con los representantes y directivos de H&P, no fue posible llegar a un acuerdo debido a las posiciones intransigentes de la citada compañía''.

La corporación indicó que ``salvo H&P'' las 14 empresas nacionales y 18 extranjeras que operan 155 taladros en Venezuela ``llegaron a acuerdos con PDVSA, resultado que refleja la confianza depositada en nuestra empresa''.

PDVSA informó que solicitará a la Asamblea Nacional que declare de ``utilidad pública'' los once taladros de H&P para proceder a expropiarlos y absorber 600 trabajadores que laboraban para la empresa estadounidense.

H&P, sorprendida

H&P manifestó sorpresa por la decisión que anunció el gobierno venezolano, e informó el pasado jueves en un comunicado que desde hace varios meses venían desarrollando esfuerzos de buena fe para llegar a una `` resolución provechosa para ambas partes'' que incluía una propuesta de venta de los taladros.

El presidente ejecutivo de la firma, Hans Helmerich, afirmó que ``nuestra posición sigue siendo clara: simplemente queremos que se nos pague por el trabajo realizado''.

H&P, que tiene su sede en Oklahoma, informó en enero del año pasado en su informe trimestral, que PDVSA le debía casi ``100 millones de dólares'' y que por tal motivo había paralizado unos cuatro taladros. Unos meses después la empresa informó que de los 11 taladros que tenía en Venezuela, ya estaban inactivos siete, y que los cuatro restantes deberían completar sus obligaciones contractuales a fines de agosto del 2009 para proceder a retirar todos sus equipos del país.

La empresa indicó el pasado jueves que PDVSA mantenía una factura pendiente para el pasado 14 de junio de unos 43 millones de dólares.

Asimismo, H&P sostiene que para el 30 de mayo disponía de 30 millones de dólares en moneda local, y que los inmuebles y equipos que tiene en Venezuela representaban unos 67 millones de dólares para el 31 de marzo.

EU, atento

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, dijo la semana pasada a la prensa que espera que H&P sea compensada por la toma de sus activos en Venezuela.

Además de H&P la corporación estatal mantuvo diferencias el año pasado con la estadounidense Ensco por el pago de una deuda de 35 millones de dólares. La disputa culminó con la toma de un taladro la firma extranjera por parte de una filial de PDVSA.

A mediados del 2008 PDVSA presentó fuertes demoras en los pagos de sus deudas lo que la llevó a acumular acreencias con sus proveedores de servicios por unos 7.500 millones de dólares.

La estatal petrolera inició a partir del 2009 un plan de pagos masivos que le permitió cancelar deudas por unos 2.000 millones de dólares en una primera etapa. PDVSA realizó en la segunda mitad del 2009 una emisión de deuda por 3.260 millones de dólares para pagar parte de sus obligaciones con los proveedores de servicios.

Alterno a ese proceso de pago el gobierno venezolano expropió el año pasado los activos de varias decenas de empresas locales y extranjeras que le prestaban servicios especializados a PDVSA en el Lago de Maracaibo y en el oriente del país.

Las autoridades tomaron los activos respaldados en una ley que aprobó la Asamblea Nacional que le reservó al Estado los bienes y servicios de las actividades primarias de hidrocarburos.

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