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Estado de Derecho
El perdón cabe cuando no se respetaron las formalidades y legalidad en un proceso.
México está viviendo cambios sustanciales motivados por la justa demanda de una sociedad que exige no solamente mayor justicia social, sino acciones tendientes a atacar frontalmente la corrupción e impunidad.
Ante estos retos, el próximo gobierno debe, por una parte, garantizar las condiciones para que el interés nacional y las demandas sociales prevalezcan sobre intereses particulares o personales y por otra, fortalecer el Estado Democrático de Derecho.
La corrupción y la impunidad no son males exclusivos de nuestro país, sino un problema global. En mayor o menor grado, este flagelo afecta a entes públicos y corporaciones privadas en todas las urbes. Ejemplos de esta condición hay muchos, desde altos ejecutivos de empresas trasnacionales, hasta jefes de Estado procesados por enriquecimiento ilícito, soborno o delitos considerados de bajo impacto pero que atentan en contra de la probidad que todo servidor público debe tener. Perú, Brasil, Argentina, España son ejemplos recientes de que la sociedad civil demanda acciones contundentes y medidas ejemplares para quienes, teniendo la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, utilizan el poder para favorecer intereses personales o de grupo.
En un Estado Democrático de Derecho se deben aplicar estrictamente las leyes para combatir todo acto de corrupción e impunidad. No se deben escatimar recursos. La corrupción y la impunidad no solamente tienen un fuerte impacto social sobre el fortalecimiento o debilitamiento de la credibilidad y legitimidad del gobierno, sino que dan lugar a que miembros o grupos de la sociedad asuman y tomen en sus manos una facultad exclusiva del Estado, que es la procuración e impartición de justicia.
Tan grave y reprobable es que ante la ineptitud o falta de acción de las autoridades un supuesto criminal sea detenido y linchado por miembros de la sociedad civil, como que se pretenda aplicar los beneficios de una Ley de Amnistía sin pensar en los efectos que ésta causará en las víctimas del delito y en la sociedad en general. La Ley no debe hacer excepciones y pocas cosas afectan más al Estado de Derecho que el “perdón” a los delincuentes. El perdón cabe cuando no se respetaron las formalidades y legalidad en un proceso, cuando hubo abuso de autoridad, cuando hay violación a derechos humanos o cuando prevalecieron intereses personales o de grupos de poder frente a derechos de un individuo. El perdón en delitos consumados es sinónimo de impunidad.
Los retos
- El Estado de Derecho es una condición fundamental que demanda el cumplimiento y respeto a los límites impuestos al poder por el Orden Constitucional.
- La sociedad exige instituciones y actores políticos cuyas actuaciones estén normadas y limitadas a través de Leyes que aseguren la libertad del individuo.
- Un Estado Constitucional impone obligaciones fundamentales como el respeto a los derechos humanos y la protección del ciudadano frente al abuso, arbitrio e impunidad gubernamental.
- En un escenario en que, la mayoría del Legislativo guardará sumisión frente al Ejecutivo, el Poder Judicial debe ser un eslabón estratégico del control Constitucional y su fortaleza o debilidad tendrá un efecto determinante en la preservación del Estado de Derecho.
