Todo Estado de Derecho que se precie de serlo cuenta con sistemas de justicia sólidos, sobre todo los dirigidos a la investigación y persecución de los delitos. En México estamos en ese camino, aunque falta mucho por recorrer y ello constituye un desafío de primer orden para los próximos años.

Desde la publicación de las reformas Constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal, el 18 de junio del 2008, hasta la total entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ocurrida el 18 de junio del 2016, su implementación tuvo que superar obstáculos y contratiempos pues, naturalmente, el cambio de un sistema de justicia penal por otro radicalmente diferente genera resistencias e insuficiencias de todo orden. Por cierto, así ha ocurrido en todo el mundo.

Nos encontramos ahora en el momento de su consolidación, es decir, de lograr su perfeccionamiento mediante el seguimiento y evaluación de sus resultados, la detección de áreas de oportunidad y la ejecución oportuna de acciones de control y mejora continua.

La consolidación del sistema de justicia penal requiere de ser visto en su integralidad a partir de sus operadores sustantivos: fiscales, policías, analistas, peritos, juzgadores, defensores, asesores jurídicos y demás auxiliares y, en consecuencia, que las acciones de medición sean guiadas por una lógica de coordinación interinstitucional y gasto eficiente de los recursos públicos, de modo que sea posible la verificación de resultados y el establecimiento de medidas de remediación y mejora.

A fin de cuentas, lo que se busca es que los mexicanos tengamos un sistema de justicia penal moderno, capaz de aplicar veloz y transparentemente la solución apropiada a cada caso concreto en un marco de respeto al debido proceso y resolver así el conflicto penal, no necesariamente mediante juicio oral ni tampoco con la privación de la libertad del responsable en todos los casos.

El seguimiento, evaluación y mejora continua en la actividad de los operadores del procedimiento penal acusatorio son condiciones indispensables para lograr una justicia penal garantista, eficiente, realmente eficaz, trasparente y respetuosa de los derechos humanos; capaz de combatir la impunidad y la corrupción, así como para recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones y disminuir el distanciamiento existente entre las autoridades y las personas que exigen una efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito y que sus derechos se vean respetados, en el ejercicio del poder penal.

Recomendaciones

Para lograr la plena consolidación de nuestra justicia penal, es necesario que la política criminal del Estado mexicano conciba la seguridad pública en su integralidad —prevención, procuración, impartición de justicia y ejecución de penas— y que la investigación y persecución de los delitos considere las medidas siguientes:

  1. La conclusión de casos del sistema tradicional, que a la fecha suman millones en todo el país.
  2. Los ajustes normativos necesarios para adecuar algunos modelos procesales y de gestión de casos a la realidad.
  3. La capacitación continua de todos los operadores, en sistemas teórico-prácticos.
  4. La investigación del delito planeada y ejecutada por equipos multidisciplinarios especializados,
  5. El fortalecimiento de las habilidades y competencias de litigación de los fiscales.

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