Vivir más, pero con menos ingresos: las políticas internacionales contra la pobreza en la vejez

Durante las últimas décadas, la humanidad ha conseguido prolongar la esperanza de vida. Sin embargo, vivir más años no necesariamente significa hacerlo con seguridad económica, buena salud o acceso garantizado a cuidados.

En América Latina y el Caribe, el envejecimiento avanza mientras persisten la informalidad laboral, la desigualdad y la baja cobertura de los sistemas de pensiones. El resultado es una combinación que puede agravar la pobreza en la vejez: más personas llegan a edades avanzadas, pero una parte importante lo hace sin ingresos suficientes para cubrir alimentación, vivienda, medicamentos y atención especializada.

La región tenía en 2025 más de 98 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 14.7% de su población. Para 2050, este grupo podría alcanzar 183 millones, es decir, una de cada cuatro personas, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Más años, pero pensiones insuficientes

El aumento de la longevidad representa un avance social, pero también obliga a replantear la manera en que los gobiernos protegen los ingresos durante la vejez.

En América Latina, 43% de las personas mayores recibía en 2023 una pensión insuficiente. La brecha es más amplia entre los hogares de menores y mayores ingresos: la proporción de pensiones insuficientes llegaba a 83% en el quintil más pobre, frente a 29.5% en el más rico. Las mujeres también enfrentan una desventaja debido a menores salarios, interrupciones laborales y una mayor participación en tareas de cuidados no remuneradas, agrega el organismo económico internacional.

Esto significa que el problema no comienza necesariamente al cumplir 60 o 65 años. En muchos casos, la pobreza en la vejez es el resultado de una trayectoria marcada por empleos informales, bajos salarios, desempleo, falta de cotizaciones y periodos dedicados al cuidado de hijos, personas enfermas o familiares mayores.

Por esa razón, las políticas contra la pobreza en la vejez no se limitan a entregar una pensión. También deben ampliar el empleo formal, reconocer el trabajo de cuidados, garantizar servicios de salud y crear mecanismos para atender la dependencia.

Japón: una red para los cuidados

Japón es uno de los países que más ha avanzado en la creación de servicios para una población longeva. Su modelo incluye un seguro público de cuidados de largo plazo que permite financiar servicios para personas que necesitan ayuda en actividades cotidianas.

El objetivo es que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares y comunidades, en lugar de depender exclusivamente de sus hijos o de ingresar a una institución. La atención puede incluir apoyo domiciliario, servicios comunitarios y cuidados especializados.

El país también ha explorado el uso de tecnología para apoyar al personal cuidador, mejorar la organización de las visitas y reducir riesgos durante la atención, refiere la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La experiencia japonesa muestra que una pensión no resuelve por sí sola los costos asociados con la longevidad. Una persona puede tener un ingreso mensual, pero enfrentar gastos elevados si necesita ayuda para bañarse, comer, trasladarse, tomar medicamentos o recibir atención permanente.

Chile: construir un sistema de cuidados

En América Latina, Chile ha impulsado una política orientada a crear un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. El planteamiento busca que la responsabilidad de cuidar no recaiga únicamente en las familias, particularmente en las mujeres.

La discusión chilena incorpora servicios de atención, apoyo a quienes cuidan y una mayor coordinación entre instituciones públicas. La meta es reconocer los cuidados como una necesidad social y no como un asunto privado que cada hogar debe resolver con sus propios recursos, refiere el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas mayores.

Este punto es relevante para México porque las familias suelen cubrir una parte importante de la atención de las personas mayores dependientes. Cuando no hay servicios públicos suficientes, un integrante del hogar puede abandonar su empleo o reducir sus horas de trabajo para cuidar a un familiar. Esa pérdida de ingresos puede aumentar la pobreza presente y también reducir la pensión futura de quien cuida.

Corea del Sur: el riesgo de llegar sin pensión suficiente

Corea del Sur representa otro tipo de desafío. Aunque cuenta con un sistema nacional de pensiones y una pensión básica para personas mayores, durante años registró una de las tasas más elevadas de pobreza relativa entre la población de 65 años y más.

La experiencia del país muestra los límites de una cobertura pensionaria que llega tarde o que no compensa trayectorias laborales interrumpidas. La OCDE ha señalado la necesidad de fortalecer la pensión básica para los adultos mayores de menores ingresos, ampliar la cobertura del sistema contributivo y mejorar la incorporación de trabajadores independientes y no regulares.

La lección es especialmente importante para países con alta informalidad: si las personas no cotizan durante una parte significativa de su vida laboral, una pensión basada únicamente en las aportaciones puede ser insuficiente para evitar la pobreza.

La respuesta regional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe plantea que los países deben fortalecer de manera conjunta los sistemas de pensiones, salud, cuidados de largo plazo y empleo.

La región no sólo necesita más recursos, sino políticas coordinadas y con perspectiva de género. También requiere programas de educación continua, alfabetización digital, vivienda adaptada y oportunidades laborales para quienes desean o necesitan continuar trabajando.

La Cepal identifica oportunidades económicas en sectores como salud, cuidados, vivienda adaptada, tecnología, turismo, farmacéutica y servicios financieros. Esto implica que el envejecimiento no debe ser visto únicamente como un costo fiscal: también puede generar empleos y nuevas actividades económicas si se acompaña de políticas públicas adecuadas.

México: una pensión, pero varios pendientes

México cuenta con una de las principales políticas de transferencia para este grupo: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. En 2026, el programa entrega 6,400 pesos bimestrales a las personas de 65 años y más.

También opera la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, quienes posteriormente pueden incorporarse a la pensión universal para adultos mayores.

A estos programas se suma el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado para complementar el ingreso de algunos trabajadores del IMSS y del ISSSTE con cuentas individuales. El IMSS reportó que el complemento puede elevar ciertas pensiones hasta 17,885.85 pesos mensuales en 2026.

La política mexicana ha permitido ampliar el ingreso de muchas personas mayores. Una investigación de la Universidad Iberoamericana señala que la proporción de adultos mayores con ingresos por debajo de la línea de pobreza pasó de 37.5% a 28.4%, mientras que la pobreza extrema bajó de 8.8% a 6.6%. No obstante, el mismo análisis advierte que la cobertura institucional de salud y cuidados todavía es limitada.

El reto consiste en que la pensión no sea la única respuesta. El apoyo económico puede ayudar a comprar alimentos o medicamentos, pero no sustituye la atención de una persona con dependencia, la rehabilitación, el transporte accesible o el acompañamiento cotidiano.

El pendiente: una política integral de longevidad

México necesita avanzar hacia una estrategia que combine transferencias, pensiones contributivas y servicios públicos. Entre los principales pendientes se encuentran:

• Crear un sistema nacional de cuidados con presupuesto y cobertura progresiva.
• Ampliar los servicios de atención domiciliaria y centros de día.
• Capacitar y remunerar a las personas cuidadoras.
• Mejorar el acceso a medicamentos y atención geriátrica.
• Reconocer los periodos dedicados al cuidado en las trayectorias pensionarias.
• Facilitar la permanencia voluntaria de las personas mayores en el mercado laboral.
• Adaptar viviendas, calles y transporte para reducir la dependencia.
• Proteger a las personas mayores contra abusos financieros y patrimoniales.

El envejecimiento de la población no es, por sí mismo, un problema. El riesgo aparece cuando las personas viven más años sin ingresos suficientes, sin atención médica y sin una red de cuidados.

La pregunta para México ya no es sólo cuántas personas llegarán a la vejez. También es si el país podrá garantizar que esos años adicionales transcurran con autonomía, protección económica y dignidad.

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