Calificación crediticia y riesgo para las remesas

“No existe la verdad. Solo existe la percepción”. Gustave Flaubert.

El martes de la semana pasada, S&P cambió a negativa su perspectiva sobre la deuda soberana de México. Esta semana, Moody's fue un paso más allá: bajó la calificación del país de Baa2 a Baa3, dejándola en el último escalón del grado de inversión. Técnicamente, México sigue siendo un destino "recomendable" para el capital institucional. Psicológicamente, sin embargo, algo distinto está ocurriendo —y en economía, la percepción con frecuencia precede a la realidad.

Los argumentos detrás de ambas acciones son conocidos. El rescate de Pemex figura como uno de los principales obstáculos para la disciplina financiera: en 2025 el gobierno inyectó aproximadamente 35,000 millones de dólares a la empresa, lo que equivale al 1.9% del PIB y presupuestó otros 14,000 millones para 2026. A eso se suman las perspectivas de crecimiento que Moody's revisó a menos de 1% para 2026 y 1.3% para 2027, y el indicador de intereses sobre ingresos que ya alcanzó el 17%, restringiendo el margen de maniobra para absorber choques externos. El diagnóstico no es nuevo, pero su reiteración por dos de las tres grandes calificadoras, tiene efectos que van más allá de los modelos financieros.

Las calificaciones soberanas funcionan como señales de coordinación. No le dicen al mercado algo que no sepa; le dan permiso colectivo para actuar sobre lo que ya sospechaba. Este mecanismo, que aparece en la literatura económica sobre cascadas de información, explica por qué las rebajas tienen efectos desproporcionados respecto a su contenido informativo real. Cuando Moody's o S&P se pronuncian, no actualizan creencias individuales: sincronizan expectativas. Y las expectativas sincronizadas se autorrealizan.

El efecto más inmediato conceptualmente es sobre el tipo de cambio y el costo del financiamiento. Una depreciación del peso, aunque gradual, encarece las importaciones y presiona la inflación en un momento en que Banxico apenas recupera margen de maniobra para continuar bajando tasas.

Hay un segundo efecto, menos obvio pero quizás más duradero: el impacto sobre la confianza de los inversionistas que están mirando a México como destino del nearshoring. Moody's señaló explícitamente restricciones en energía, problemas de agua, limitaciones logísticas, condiciones de seguridad e incertidumbre por la revisión del T-MEC como factores que han desacelerado la inversión privada desde 2024. Una rebaja crediticia no resuelve ninguno de esos problemas, pero los hace más evidentes en el análisis de riesgo de cualquier corporativo que esté evaluando dónde instalar su próxima planta. La decisión de invertir no es puramente racional: depende también de narrativas, y la narrativa que acompaña a esta semana no ayuda.

El gobierno respondió con datos reales que no deben descartarse. En 2025 se realizó un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB, el mayor en tres décadas. En el primer trimestre de 2026 se registró un superávit primario de 98,000 millones de pesos y ahorros por 47,000 millones en el costo financiero de la deuda. Además, Moody's cambió la perspectiva de negativa a estable, lo que indica que no anticipa un deterioro adicional abrupto en el corto plazo.

El problema es que, en un entorno de baja confianza, los datos positivos se descuentan y los negativos se amplifican. Es lo que la psicología llama asimetría de negatividad: las malas noticias pesan más que las buenas al formar expectativas. Una rebaja crediticia es una mala noticia institucional, diseñada para ser citada y recordada.

México no está en crisis. Pero está en un punto en que la diferencia entre estabilización y deterioro depende, en buena medida, de qué tan costoso resulte recuperar la narrativa. Las calificadoras no gobiernan la economía. Pero sí gobiernan parte del relato con el que el mundo toma decisiones sobre ella.

Aquí van los dos párrafos adicionales, para insertar al final de la columna, antes de la frase de cierre —o como cierre alternativo:

El escenario se complica cuando se le suma otra noticia de esta semana. El 19 de mayo, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva titulada "Restoring Integrity to America's Financial System", que obliga a bancos e instituciones financieras a intensificar la vigilancia de las transferencias internacionales de bajo monto y a reforzar los programas de identificación de clientes, con la posibilidad de que soliciten información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes. La orden no prohíbe las remesas, pero apunta directamente al uso de ITIN, matrículas consulares e identificaciones utilizadas por población sin autorización laboral, que son precisamente los documentos con los que opera la mayoría de los migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Se estima que estos migrantes (aproximadamente el 35% de los 11.5 millones de mexicanos que residen en el país vecino), son responsables de cerca del 40% de las remesas que llegan a México. Las consecuencias aritméticas no son menores: analistas estiman que el flujo podría caer entre 10 y 20%, y dado que las remesas representan el 3.5% del PIB, un impacto de esa magnitud reduciría el crecimiento del año de 1.0% a cerca de 0.65%.

Pero el efecto más relevante para efectos de esta columna no es macroeconómico: es conductual. Las remesas no son una partida presupuestal abstracta. Son el ingreso mensual de millones de familias en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco, que destinan esos recursos al consumo básico, la vivienda y la educación de sus hijos. Una reducción de ese flujo no golpea balances: golpea decisiones. Cuando la incertidumbre sobre el ingreso futuro aumenta, las familias recortan el gasto discrecional, posponen inversiones menores como remodelaciones, o compras de equipamiento para pequeños negocios, y refuerzan el ahorro preventivo.

En agregado, eso es una contracción del consumo en las regiones más vulnerables del país, justamente en el momento en que la economía menos puede permitírsela. La rebaja de Moody's y la presión sobre las remesas no son noticias independientes entre sí. Son dos señales que apuntan en la misma dirección: un entorno en el que la confianza de los mercados, de las familias y de los inversionistas, está bajo estrés simultáneo. Y la confianza, una vez erosionada, es notoriamente difícil de recuperar.