Estados destinan 15 de cada 100 pesos de deuda a inversión productiva

A pesar de que los estados mexicanos continuaron con sostenibilidad financiera al cierre del año pasado, la deuda que contrataron se dirigió principalmente a “pagar deuda con más deuda”.

Es decir, los gobiernos estatales y municipales prefirieron adquirir obligaciones para refinanciamiento y cubrir necesidades de liquidez a corto plazo, antes que apostar por la inversión productiva.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estados y municipios contrajeron financiamientos y obligaciones por un monto de 139,748 millones de pesos entre el 2025 y el primer bimestre del 2026.

Esto significa que los subnacionales siguieron contratando deuda (más de 100% respecto a igual periodo de un año antes), pero ¿cuál fue el destino de estos recursos?

Del total de 139,748 millones de pesos, apenas 15.1% se destinó a inversión pública productiva, es decir, por cada 100 pesos de deuda contratados, 15.1 pesos tuvieron dicho destino. Si bien este porcentaje es mayor al del 2024, que fue 2.8%, aún es insuficiente para detonar el crecimiento y desarrollo económico de los subnacionales.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, la inversión pública productiva es “toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (I) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (II) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público (…) o (III) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico”.

Así, el mayor porcentaje se dirigió a refinanciamiento, de 50.3%, cuya finalidad es “pagar deuda con más deuda” para obtener mejores condiciones de mercado, como una menor tasa de interés y un plazo de pago más largo.

Asimismo, 28.4% se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, que es deuda de corto plazo a liquidar en menos de 12 meses, mientras 15.1% se consignó al binomio de refinanciamiento/inversión pública productiva, sin especificar el peso de cada uno.

Los más

Las entidades con el mayor monto de financiamientos y obligaciones contratados entre el 2025 y el primer bimestre del 2026 fueron Nuevo León (25,340 millones de pesos), Jalisco (24,692 millones) y Chiapas (18,545 millones). En total, 19 entidades adquirieron deuda (91.5% del total corresponde a los gobiernos estatales).

De hecho, la apuesta de algunos estados al adquirir obligaciones fue clara. Por ejemplo, en Nuevo León se observa una contratación “pareja”: 38.1% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 31.6% a inversión pública productiva y 30.3% a refinanciamiento.

Mientras en Jalisco y Chiapas, el total de la deuda contratada en el periodo de análisis se destinó a refinanciamiento (contrasta con los municipios de estas entidades, que contrajeron obligaciones para inversión pública productiva).

En los gobiernos estatales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Yucatán y Puebla fue para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, como pago a proveedores, nómina, aguinaldos, etcétera.

En cuanto a los municipios, adquirieron 5,495 millones de pesos de deuda entre el año pasado y el primer bimestre del 2026, sin embargo, la tendencia del destino fue diferente a la de los estados: 58.8% se dirigió a inversión pública productiva.

Este comportamiento evidencia que los gobiernos estatales priorizan la estabilidad financiera a corto plazo sobre el desarrollo sostenible, lo cual tendría consecuencias negativas para el crecimiento económico y el bienestar de la población a largo plazo, al no aprovechar la deuda como un estímulo de inversión productiva.