Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha sido notificado de la suspensión provisional del Tren Maya, concedida por el Juzgado Primero de Distrito de Campeche a comunidades de Calakmul.

Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, aseguró a El Economista que no tienen conocimiento del recurso, pues no han sido notificados formalmente.

Ayer, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos maya peninsular y Ch’ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, lograron la suspensión provisional del Tren Maya, tras presentar un amparo por violaciones a sus derechos durante la consulta indígena ordenada por el gobierno federal.

El Cemda expone que la autoridad judicial en Campeche ordenó a las autoridades abstenerse de decretar la aprobación del proyecto, o bien al haber sido decretada dicha aprobación, abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

La solicitud de amparo fue presentada el 6 de enero del 2020 y denuncia “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

En la demanda se señala como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Jiménez Pons, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.

En el amparo se denuncia que el proceso de consulta se realizó sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT, del cual el estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se indica que las comunidades no recibieron información detallada con antelación suficiente ni se respetó su derecho a la participación, toda vez que la estructura de los foros de la fase informativa fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus modos no fueron acordes con las formas de deliberación de las comunidades.

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