A 72 horas del cambio de administración estatal en Chiapas, aproximadamente mil proveedores del gobierno estatal no han recibido el pago de adeudos del gobierno por bienes y servicios brindados al gobierno encabezado por Juan Sabines Guerrero. La molestia es generalizada y hay un riesgo en que desemboque en una avalancha de demandas en tribunales.

El legislativo local aprobó hace unas semanas una línea de financiamiento por casi 4,000 millones de pesos, de los cuales la mitad están destinados a la cobertura de deuda. A pesar de ello, muchas empresas esperan todavía que les cumplan compromisos.

Muchas de las inconformidades convergen en el subsecretario de Planeación, Presupuesto y Egresos del gobierno estatal, José Alonso López Pérez, quien coordina el pago de los adeudos del gobierno saliente, muchos de los cuales se remontan hasta el 2008, de acuerdo con algunos de los afectados.

Uno de los efectos que ha provocado el impago por parte del gobierno chiapaneco a través de diferentes dependencias, es que muchas empresas han tenido que cerrar, reducir sus plantillas e, incluso, han dejado de pagar impuestos. A las solicitudes de pago de empresas se ha sumad la presión por atrasos temporales en el pago de nóminas en la administración, razón con la cual se justificó el endeudamiento que la LXV legislatura autorizó apenas en el primer día de sesiones, para el cierre de la actual administración .

Otro impacto del incumplimiento es el congelamiento de los trabajos en algunos proyectos y obras, además de la suspensión en la prestación de servicios encargados a particulares. Esto ha provocado manifestaciones de habitantes en zonas con necesidad de infraestructura, incluso en la capital del estado, Tuxtla Gutierrez.

Hasta hace un par de meses, el monto de las deudas del gobierno estatal con empresas de la industria constructora ascendían a de 2 mil 500 millones de pesos, comentó un empresario que busca su liquidación y aceptó hablar con reserva de su identidad.

Ante ello, la representación estatal del CCE divulgó, a finales de octubre, que hasta ese momento había 500 empresas que participaban en 700 diferentes proyectos del gobierno y no habían recibido sus pagos, por lo cual exhortaron a la autoridad a liquidar los adeudos.

Para los constructores particularmente el problema de atraso en los pagos es comprometedor, pues de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la entidad, casi una de cada dos compañías afrontan problemas de liquidez.

Ante el temor de que termine el sexenio y no se cumplan los de pago, los empresarios han promovido en el Congreso estatal que los adeudos con empresas y prestadores de servicios sean declarados como deuda pública, a fin de garantizar que se cumpla el compromiso. El Economista ha hecho contacto con algunos de ellos y dará seguimiento puntual a su situación.

A partir del 8 de diciembre, Manuel Velasco Coello asumirá el cargo como gobernador, y desde ahora ya afronta una deuda cercana a 20,000 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, y los partidos políticos están atentos al destino de los recursos obtenidos a través de financiamiento.