La inversión pública es una tarea pendiente en los gobiernos estatales, ya que en sus presupuestos de egresos se considera destinar más recursos a remuneraciones del personal y, en algunos casos, a cubrir amortización e intereses de la deuda.

De acuerdo con datos de finanzas públicas estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gasto de las entidades ascendió a 2.0 billones de pesos en el 2016; de este monto, 44.2% se destinó a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (asignaciones a los sectores público y privado, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social).

Le siguieron servicios personales (21.2%), recursos asignados a municipios (17.3%), servicios generales, inversión pública (ambos con 4.1%) y deuda pública (3.7 por ciento).

Lo anterior significa que de cada 100 pesos que gastaron los estados, sólo 4.1 pesos se dirigieron a inversión pública, rubro que se refiere a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento, e incluye estudios de preinversión y preparación del proyecto.

Por variación, el mayor crecimiento anual se observó en inversiones financieras y otras provisiones (adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores, así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos y aportaciones de capital a las entidades públicas), con 15.5 por ciento.

El podio lo completan los apartados de deuda pública (12.6%) y servicios generales (12.4%); la inversión pública apenas aumentó 1.2% a tasa anual durante el año pasado.

De hecho, la sección de servicios personales, que agrupa  las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones, exhibió un incremento en su gasto de 2.5 por ciento.

Ya en el desglose por entidad federativa, el peso de los capítulos presupuestarios en el total de sus egresos es diferente.

En el 2016, se destinaron 84,312.7 millones de pesos a obras del sector público, donde el Estado de México concentró 25.1%; la capital del país, 11.1%; Puebla, 6.8%, y Chiapas, 5.8 por ciento.

En participación, los estados con los coeficientes más elevados de proyectos productivos se mostraron en Querétaro (12.2% de su gasto total), Estado de México (7.7%), Durango (7.4%), Puebla (6.3%) y Morelos (6.1 por ciento).

Mientras, la menores relaciones fueron en Guerrero (1.4%), Hidalgo (1.2%), Michoacán (1.1%), Yucatán (0.4%) y Nuevo León (0.1 por ciento).

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos consolidado de Querétaro del año pasado la inversión pública ocupa la tercera posición (detrás de transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas y recursos asignados a municipios), y en Nuevo León, el último lugar en su Paquete Económico.

En la segregación de la inversión, 74.2% se designó a bienes de dominio público, 18.2% a bienes propios y 7.7% a proyectos productivos y acciones de fomento. En los primeros dos conceptos se aglutinan construcción de vías de comunicación, edificios públicos, obras de urbanización, ingeniería civil u obra pesada, escuelas, hospitales, unidades habitacionales y diversas obras.

El segundo abarca los sectores agropecuario y forestal, turístico, educativo, industrial, comercial, administrativo y de seguridad pública.

Contratación de empréstitos

Si bien a nivel nacional se consignó más dinero a inversión que a deuda, 12 estados prefirieron cubrir obligaciones derivadas de la contratación de empréstitos: Tabasco, Baja California Sur, Veracruz, Morelos, Yucatán, Chihuahua, Michoacán, Coahuila, Quintana Roo, Zacatecas, Sonora y Nuevo León.

La preferencia por asignar recursos a la deuda pública se manifiesta en Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Quintana Roo y Coahuila, cuya contribución de este ramo al total de sus presupuestos en el 2016 fue de 15.2, 14.6, 11.3, 9.3 y 8.8%, respectivamente.

Sobresale que Tlaxcala no estipuló ni un peso a esta materia (actualmente no registra financiamientos). Las menores proporciones se dieron en Querétaro (0.3%), Guerrero (0.5%), Puebla (0.6%), San Luis Potosí (0.8%) y Sinaloa (0.9 por ciento).

Este capítulo financiero incluye la amortización, los intereses, gastos, comisiones, erogaciones relacionadas con la emisión o contratación de financiamiento, así como los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas).

En este tenor, de los 75,405.5 millones de pesos enviados a deuda pública, 45.1% fue a amortización, 39.5% a intereses y 13.1% a Adefas, particularmente.

Sueldos y salarios

Servicios personales fue la segunda partida a la que más recursos le destinaron las entidades federativas durante el año pasado (21.2% del total).

Las entidades con los porcentajes más altos fueron Veracruz (43.2% de sus egresos), Michoacán (39.0%), Tamaulipas (36.3%), Durango (34.6%), Coahuila (32.8%), Tabasco (32.5%), Jalisco (32.3%), Puebla (31.4%) y Zacatecas (31.3 por ciento).

Al otro extremo se colocaron Aguascalientes (4.6%), Hidalgo (4.9%), Baja California Sur (5.5%), Morelos (5.7%), Querétaro (6.4%), Quintana Roo (6.7%) y Oaxaca (7.7 por ciento). De los 432,606.4 millones de pesos a servicios personales, 45.6% fue para remuneraciones al personal.

Por variación anual, nueve estados superaron la tasa de 6%, destacando Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí.

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