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Fin al conflicto territorial entre Rosarito y Ensenada
El pasado 21 de julio el alcalde de Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, dijo ante medios de comunicación que en esa fecha contrataron a un bufete jurídico por 750,000 pesos para resolver el conflicto.
Playas de Rosarito, BC. Playas de Rosarito se quedó con alrededor de 180 kilómetros cuadrados que comprendían cuatro poblados, los cuales mantuvo en disputa con Ensenada hasta que el Congreso de Baja California votara a favor de este municipio. Con esto se puso fin a un conflicto territorial que surgió desde hace 20 años.
A pesar de la decisión que tomó la Legislatura, la postura del puerto ensenadense después de conocer los resultados de la votación ha sido desconocer la legalidad del proceso y advertir que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los resultados de la votación fueron 20 votos a favor y tres en contra, sobre la propiedad ubicada entre los límites de ambos municipios, en donde históricamente se han registrado enfrentamientos entre corporaciones y personal de los ayuntamientos, incluyendo alcaldes.
Con este resultado se garantiza la seguridad y certidumbre jurídica de los habitantes de las zonas en conflicto, ya que tendrán la seguridad de pertenecer a un territorio que se hará cargo de sus necesidades , afirmó el diputado local perredista y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del congreso, Roberto Dávalos Flores.
A pesar de que el gobierno del alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, rechazó dar declaraciones, emitió un comunicado para anunciar su estrategia legal ante la SCJN en apego al artículo 21 de la ley reglamentaria del artículo 105, fracción I y II de la Constitución (...) con un término de 30 días hábiles para la interposición de la controversia constitucional .
Resulta jurídicamente contradictorio que los diputados hayan resuelto en ese sentido, es decir, el Congreso le da la razón a quien no comparece a juicio y no se defiende , agrega el documento.
El pasado 21 de julio el alcalde de Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, dijo ante medios de comunicación que en esa fecha contrataron a un bufete jurídico por 750,000 pesos para resolver el conflicto.
Ese dinero va a un despacho jurídico que va a sostener la vigilancia y el cuidado de llevar bien la controversia constitucional, allá en la Suprema Corte. Son de la familia Gutiérrez de Tijuana; es gente de Baja California la que nos van a apoyar , explicó.
Después de conocer la decisión del Congreso, el alcalde dijo que aún mantendrán bajo contrato al bufet de abogados, en caso de que sea necesario utilizar sus servicios.
