El municipio de Querétaro carece de un proyecto para hacer uso del espacio público de la Alameda Hidalgo, aunque ya fueron retirados 358 carritos de comerciantes de diversos giros.

De acuerdo con el alcalde de la capital, Marcos Aguilar Vega, este día se emitirá una convocatoria para conformar el Consejo Consultivo de la Alameda Hidalgo, el cual estará integrando por ciudadanos y funcionarios, quienes determinarán las acciones a seguir para el espacio público.

Agregó que la Secretaría de Gobierno de la capital publicará un anuncio para que los comerciantes a quienes se les recogió su mercancía la madrugada de este domingo- empiecen a acudir a mesas de trabajo con funcionarios de la capital y después de acreditar que vendían productos apegados a la ley, se les devolverán éstos y serán reubicados en diversos puntos acreditados para el comercio en vía pública.

La intención es que podamos realizar un diseño de Alameda que nos permita contar con la mejor de la República Mexicana y en este proyecto involucraremos al gobierno federal y estatal , comentó el edil

Este lunes, cerca de 1,000 comerciantes que fueron desalojados de este espacio se manifestaron en contra de la acción y acusaron no haber sido advertidos de la situación; además de que exigieron su pronta reinstalación, ya que la venta de diversas mercancías era el sustento de muchas familias.

Cumplir con la ley

Al ser cuestionado el alcalde sobre si existió una consulta previa con quienes se dedicaban a la venta de productos en esta zona de la capital, reviró que únicamente se dialoga con quien cumple con la ley y, en este caso, no se había realizado una renovación del contrato de comodato de los carritos, por lo que el municipio actuó en apego a la legalidad para recuperar el espacio público. Además, explicó que varias personas no contaban con licencia de funcionamiento para la venta en la vía pública.

Se cumple con la ley, es lo que estamos haciendo con esta acción; por lo pronto, quienes ocupaban esos espacios estaban incumpliendo con un contrato de comodato, que no había sido renovado y eso implicaba la recuperación de los mismos , comentó el edil, quien agregó que desde el inicio de su administración no ha habido autorización para la utilización del espacio.

Agregó que el municipio intervendrá todos los espacios públicos en la demarcación que se encuentren en similares situaciones.

El espacio público no se negocia, es propiedad del gobierno municipal y podemos concertar para que en espacios autorizados realicen la venta, pero no negociar, bajo ninguna circunstancia , enfatizó.

Detención de Pablo González es por política

Familiares del líder de la agrupación Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola, aseguraron que la detención del también líder de comerciantes fue un asunto político, ya que no existe un sustento en las acusaciones por motín que le imputa la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con Carmen Consolación González Loyola, hermana del detenido, la defensa del líder de la unidad cívica se realizará de manera federal, ya que la aprehensión de Pablo González se dio de manera irregular, lo mismo que todo el proceso en su contra.

El delito por el que se le acusa es motín (cuya sentencia es de dos a 12 años) y a decir de González Loyola, es inconstitucional, porque vulnera garantías de manifestación y libre expresión. Además, la denuncia, explicó la hermana, la realizó un comandante de la policía, el pasado jueves, por la madrugada.

Nos hemos entrevistado con él el sábado, tuvimos dificultades para ingresar al Cereso, tardamos más de cuatro horas y lo que vemos es que se trata de una acción política de represión para realizar el desalojo de la Alameda Hidalgo. Vamos a buscar acudir ante todos los tribunales para obtener su libertad, hay un juicio por consigna por el Poder Judicial y la fiscalía, lo que nos lleva a concluir que vamos a tener dificultad para obtener su libertad por autoridades locales , comentó.

Aseguró que el delito de motín, por el cual fue procesado González Loyola, ha sido utilizado de manera histórica por los gobiernos en contra de sus opositores políticos. Dijo que no existe veracidad en lo que narraron los comandantes de policía al acusarlo del delito de motín, por lo que también analizan acudir a denunciar ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

Los hechos por los que lo acusan ocurrieron el pasado jueves por la madrugada, cuando supuestamente el inculpado impidió un supuesto desalojo a comerciantes de la Alameda.

arlene.patino@eleconomista.mx