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STPS busca salida en Monte de Piedad, pero la falta de "firmeza" jurídica frena la imputabilidad
La única vía para que la propuesta de la Secretaría transite es que el Monte de Piedad retire su impugnación.

La huelga ha mantenido cerradas 302 sucursales en el país y puesto en evidencia el distanciamiento entre la base trabajadora y la directiva.
La propuesta de solución que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentará para concluir la huelga en el Nacional Monte de Piedad (NMP) enfrenta un obstáculo técnico-legal que podría invalidar cualquier intento de resolución por la vía de la imputabilidad, advirtió Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral de la Reforma Laboral.
A pesar del respaldo total que el Observatorio ha brindado a los huelguistas, Bouzas y diversos especialistas señalan que la narrativa de la autoridad laboral choca con el estado actual del expediente en el Tribunal Colectivo.
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Para que el sindicato o la institución puedan promover un juicio de imputabilidad —procedimiento para que el tribunal decida quién es responsable del conflicto y ordene el pago de salarios caído-, es requisito indispensable que la huelga haya sido declarada existente de manera firme.
Si bien el tribunal ya emitió una declaratoria de existencia, el Patronato del Monte de Piedad impugnó dicha sentencia. La consecuencia, es que mientras no exista una resolución definitiva sobre la legalidad del movimiento, el juicio de imputabilidad es legalmente improcedente, explicó Bouzas.
Desde la perspectiva del Observatorio Laboral, la única vía para que la propuesta de la STPS transite hacia la imputabilidad requeriría que el Monte de Piedad retirara su impugnación.
De no ocurrir este desistimiento, la intervención de la STPS se mantendrá únicamente en el terreno de la mediación política, sin posibilidad de forzar una sentencia judicial que resuelva el fondo de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que acusa el sindicato.
"La ley es clara: no se puede juzgar la responsabilidad de una huelga cuya existencia técnica aún está bajo revisión judicial", coinciden expertos.




