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Informe de EU revela que México no hace lo suficiente para castigar violaciones a derechos laborales
El reciente Informe País sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024 de México, emitido por el gobierno de Estados Unidos, destaca que, a pesar de las reformas legislativas, México no ha aplicado suficientes sanciones en materia de derechos laborales y persisten desafíos significativos en la protección de la libertad de asociación y negociación colectiva.

En 2024 continuó la ola de cambios a la legislación laboral, se retomaron temas como la Ley Silla y se avanzó en la regulación del trabajo en aplicaciones.
El reciente Informe País sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024 de México, emitido por el gobierno de Estados Unidos, destaca que, a pesar de las reformas legislativas, México no ha aplicado suficientes sanciones en materia de derechos laborales y persisten desafíos significativos en la protección de la libertad de asociación y negociación colectiva.
El informe estadounidense señala que, aunque las reformas a la legislación laboral de 2019 han facilitado la organización sindical y la negociación colectiva, la aplicación efectiva de las leyes laborales relacionadas con la libertad de asociación y el derecho a la huelga sigue siendo deficiente.
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“Las sanciones por violaciones a estas leyes, aunque proporcionales a las de infracciones análogas, rara vez se aplican a los infractores”, revela el informe.
En ese sentido, destaca que expertos laborales han reportado que las sanciones contra empresas o sindicatos son escasas, incluso en sectores prioritarios cubiertos por el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), a excepción de los casos planteados a través del Mecanismo de Respuesta Rápida de dicho acuerdo.
El documento también subraya que, según diversas ONG y sindicatos, muchos trabajadores continúan enfrentando violencia e intimidación por parte de empleadores, otros trabajadores, líderes sindicales y vigilantes contratados por empresas para suprimir la oposición en elecciones sindicales o negociaciones.
Asimismo, se han reportado intentos de empleadores de influir en estas elecciones mediante la contratación ilegal de empleados temporales o falsos, y despidos de trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes.
También indica que los empleadores en las cadenas de suministro orientadas a la exportación utilizan cada vez más métodos de contratación que debilitan la seguridad laboral, como contratos de corto plazo que evitan el pago de indemnizaciones por despido y la acumulación de antigüedad, lo cual restringe los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva.
A pesar de estos desafíos, el informe reconoce una mejora en la capacidad del gobierno para aplicar las leyes laborales, pues hay casos resueltos a través del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC han resultado en la reincorporación de trabajadores con salarios atrasados y el reconocimiento de sindicatos independientes.
No obstante, el informe reitera que la falta de aplicación efectiva de sanciones sigue siendo un obstáculo importante para garantizar plenamente los derechos laborales en México.

